Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones - Memorias por la vida
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Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones

La represión aumentó significativamente desde el 18 de abril de 2017, cuando Nicolás Maduro activó el Plan Zamora. Este plan habilita acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados y los faculta para tomar acciones en cuanto a la garantía del orden público y demás ámbitos de su interés.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde el 1 de abril se registraron 6.729 protestas en el país (56 al día). Extraoficialmente hubo 163 fallecidos. El Ministerio Público reconoció 129 de estas muertes. Resultaron heridas más de 15.000 personas.

El 27 de junio la CIDH emitió un comunicado en el que condenó los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017 e hizo un llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas.

El 30 de julio la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una movilización masiva en todo el país para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. En Caracas la concentración sería en Los Ruices y tendría como puntos de salida Caurimare, Altamira y Santa Fe. En los tres hubo represión, por lo que el diputado Freddy Guevara anunció que se cambiaría de estrategia y se realizaría un “trancazo” nacional.

Según el Foro Penal Venezolano, entre el 29 y el 30 de julio fueron asesinadas directamente en protestas 16 personas, la mayoría por impactos de bala propiciados por los cuerpos de seguridad del Estado o por grupos paramilitares armados. El Ministerio Público reconoció 10 de estas muertes. Resultaron heridas 423 personas.

El lunes 25 de septiembre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimieron a un grupo de jóvenes de la «Resistencia» que cerró el paso en Chacao, como parte de una protesta. Los efectivos arrojaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones en contra de los manifestantes, que se encontraban en la calle Arturo Uslar Pietri aproximadamente a las 5:30 pm.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica en su artículo 68. Además, el art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa que las autoridades no podrán obstaculizar, interrumpir o perturbar de alguna forma la celebración de una manifestación.

La esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori, subrayó que durante las protestas el gobierno utilizó el patrón de disparo hacia la parte superior de los cuerpos de las víctimas. Indicó que durante los 2 períodos de manifestaciones, 37 venezolanos fueron asesinados de tiros en el cuello o en la cabeza por la GNB, PNB, cuerpos policiales estadales y grupos de civiles armados.

Scholars At Risk, organización internacional perteneciente a una red de universidades entre las que se encuentran la ULA y la Universidad Simón Bolívar (USB), se ocupa de monitorear los ataques a las comunidades académicas en todo el mundo. Su informe publicado el 26 de septiembre y que cubre los años 2016-2017, visibiliza la represión a la protesta estudiantil en Venezuela en el marco de unas condiciones cada vez peores en cuanto a garantías democráticas y de respeto a los derechos humanos.

A la ONG le preocupa que en Venezuela haya una respuesta crecientemente violenta y represiva hacia las protestas antigubernamentales, las cuales en su mayoría son dirigidas por los estudiantes que luchan por un mejor futuro y un país de oportunidades. Consideran que este mecanismo es para silenciar la investigación y el discurso, por lo que en el informe resalta que las consecuencias negativas van más allá de los individuos y las instituciones atacadas, sino que también perjudica directamente a los sistemas académicos en su totalidad y a la sociedad en general. El ODH-ULA resaltó que en dichas manifestaciones se cuentan, según la organización, 21 estudiantes muertos

Dicho informe fue dado a conocer en el marco del segundo ciclo del examen periódico universal de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el mismo se condena, al igual que ahora, el uso de la violencia y detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos dentro y fuera de los campus universitarios.

Resaltan que el derecho de libertad académica y autonomía universitaria se ve seriamente comprometido cuando se criminaliza a los universitarios, se detienen injustamente a estudiantes y profesores que además son víctimas de la represión y llevados a juicios militares y se cierran medios de comunicación acordes a los principios democráticos de libertad y pluralidad.

Islandia, Brasil y España debido a situación del país se han negado a ser parte de la cadena de comercialización de equipos antimotines. Es por esto, que el Ministerio de Transporte de Islandia bloqueó el traslado, del cargamento de 16 toneladas de bombas lacrimógenas, alegando que considera al país una “zona peligrosa, donde no se respetan los derechos humanos fundamentales”. Así fue como dejó constancia en una carta que publicó en el página del Gobierno islandés el 20 de octubre, donde además califica al cargamento como “equipo militar“; mientras que en Venezuela, las autoridades llaman a las bombas lacrimógenas material de control del orden público. En el documento se indica que el envío proviene de China.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó que durante enero de 2018 se registraron 714 protestas en todo el país, con un promedio de 24 por día. El número de  protestas de lo que va de este año 2018  significó un crecimiento de 86% con respecto a las registradas en enero del año pasado, que tan solo fueron 287, esto representó un aumento de 199% con respecto al mismo mes de 2017.

 

Lo que demuestra también que 89% de las protestas se llevaron a cabo para exigir derechos relacionados a la economía, así como derechos sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, La mayoría de las protestas fueron por comida y medicinas.

 

Las cifras registradas en enero del 2018 superan los índices de los últimos tres años en el mismo lapso.  La cual se agudiza por la crisis humanitaria, a lo que el Ovcs asegura que los ciudadanos se exasperan cada vez más ante la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas como comida y salud.

 

 

Foro Penal anunció que en apenas tres meses, ocho personas han sido asesinadas en protestas por alimentos y/o servicios públicos. En al menos cuatro de los casos de muertes registradas, la responsabilidad recae en agentes de la fuerza pública en la comisión de los hechos.

 

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, al menos 209 personas han fallecido en el contexto de manifestaciones en el país. La mayoría de dichas muertes, han sido responsabilidad de agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares.

 

Debido a esto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela y la erosión de la institucionalidad democrática reiterando que es necesario investigar los crímenes de Lesa Humanidad en medio de las protestas antigubernamentales señaló que en su oficina había recibido “informes confiables de cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante las protestas como en las operaciones de seguridad”.

 

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 2.414 protestas en los primeros 90 días de 2018, equivalente a un promedio de 26 diarias. Esta cifra representa un incremento de 93% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

 

Mientras, el gobierno de Nicolás Maduro continúa fortaleciendo el sistema de represión en Venezuela, enmarcado por el Plan Cívico-Militar Zamora 200 que institucionaliza la actuación conjunta de fuerzas militares, fuerzas milicianas y civiles armados en funciones de control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés. Este sistema de represión ha afectado las protestas en todo el país, propiciando violencia y muerte.

 

A un año de las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la ONG Promedehum hizo del conocimiento público el comunicado “Un año sin justicia”, en que se expresa la preocupación por la inacción para investigar de forma transparente los hechos registrados durante 2017 en las protestas antigubernamentales en las que 11 personas perdieron la vida en Mérida.

 

Desde la institución exigieron que se establezcan las responsabilidades en cuanto a las violaciones a los derechos humanos sucedidas, afirmando que “el silencio de las autoridades regionales electas ante los graves sucesos en la gestión anterior, se podría considerar de alguna manera un acto de complicidad, debido que las personas al ocupar cargos de administración pública tienen noventa días para realizar las denuncias respectivas de todo aquello que consideren violatorio de las leyes venezolanas”.

 

En apenas cinco meses, trece personas han sido asesinadas en protestas por alimentos y/o servicios públicos. En al menos cuatro de los casos de muertes registradas, es clara la responsabilidad de agentes de la fuerza pública en la comisión de los hechos. Durante el gobierno de Maduro, en promedio, han perdido la vida 3 manifestantes por mes. Esta cifra refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de agrupaciones paramilitares.

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó informe donde asegura que 339 estudiantes universitarios fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente durante el período de abril a julio de 2017, siendo muchos de ellos presentados ante la justicia militar y quedando afectados por medidas privativas de libertad.

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 850 protestas durante el mes de mayo de 2018, equivalente a un promedio de 28 diarias. Esta cifra representa una disminución de 19% con respecto a mayo de 2017, cuando se documentaron 1.048 manifestaciones, con un promedio diario de 35. Se destaca que el año pasado, desde abril hasta julio, se registró una ola de manifestaciones ciudadanas exigiendo derechos políticos y sociales, que fue un record en la historia de Venezuela, en esos 4 meses se documentaron 6.729 acciones de calle.

 

En los primeros cinco meses de 2018 fueron asesinadas 12 personas en el contexto de manifestaciones. El 100% de los hechos ocurrió en protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca). El 75% de las muertes fue en protestas por alimentos. 11 personas fueron asesinadas por heridas de bala y 1 con un objeto contundente. Familiares y testigos denuncian a funcionarios del Estado como responsables de cinco de las muertes y a civiles armados como responsables de siete.