Tasa de homicidios - Memorias por la vida
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Tasa de homicidios

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presentó unas cifras distintas, al sostener que se estima una tasa de 91,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el país durante el 2016.

Según el OVV, el crecimiento de estas cifras viene dado por el incremento del uso de las armas, la intensificación de la violencia policial y militar (80% de los casos de resistencia a la autoridad tuvieron desenlaces fatales) y enfrentamientos por el desabastecimiento de alimentos y medicinas.

Para el 2017 se estiman cifras mayores en todo el país, ya que según datos extraoficiales sólo en el mes de enero se registraron 504 muertes violentas en el Distrito Capital. Según la organización COFAVIC , 98% de los crímenes contra los derechos humanos que ocurren en Venezuela quedan impunes.

 

La tasa de homicidios venezolana es 11 veces más alta al promedio mundial establecido por las Naciones Unidas, organismo que la sitúa en 6,2 homicidios por cada 100 mil personas. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un rango de asesinatos mayor a una tasa de 10 puede ser considerado como una epidemia.

Del contexto anterior, se demuestra el incumplimiento por parte del Estado de respetar el derecho a la seguridad ciudadana de los venezolanos contenido en el artículo 55 de nuestra Constitución. Observamos cómo el artículo determina que el Estado está en la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a situaciones que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la integridad física de las personas, sus propiedades y el disfrute de sus derechos.

Aunque el gobierno venezolano desde hace más de una década no divulga estadísticas oficiales sobre la tasa de homicidios, estudio se apoyó de información recolectada por el Observatorio Venezolano de Violencia que ofrece estimados no oficiales que se consideran confiables.

El informe más reciente de OVV señala que durante 2017 hubo una tasa de 89 homicidios por cada 100 mil habitantes, con 26.616 fallecidos en hechos de violencia (16.046 en homicidios, 5.535 en casos de resistencia a la autoridad y 5.035 en averiguación).

La Comisión de la Verdad declaró que aunque todavía siguen en investigación, según resultados obtenidos solo 36% de las muertes ocurridas durante las protestas del año 2017 en Venezuela son responsabilidad del Gobierno.

 

Sin embargo, Luisa Ortega Díaz, Ex Fiscal General en el exilio, alegó a la Corte Penal Internacional que la Operación Liberación del Pueblo produjo, según las propias investigaciones de la Fiscalía, más de 505 personas muertas en el marco de dicha operación como muestra visible y evidente de estas prácticas sistemáticas y generalizadas, que se vienen implementado desde el año 2013 y que a partir de 2015 se hicieron mucho más agresivas y expansivas. Además, y como consecuencia de la represión policial desmedida contra la población civil, en el año 2016 los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado aumento a 4.667 personas.

Según informe de OVV en 2017, 15.890 adolescentes y jóvenes fallecieron en muertes violentas, cifra que corresponde al 60% del total de fallecidos que ocurrieron en todo el país.

 

 

Estas víctimas resultaron en su mayoría ser jóvenes: adolescentes 12 a 17 años 1.650 víctimas, jóvenes 18 a 24 años 9.050 víctimas y adultos jóvenes 25 a 29 años 5.190 víctimas; con un total de 12 a 29 años 15.890 fallecidos.

 

Del total antes mencionado, los jóvenes de 12 a 29 años muertos por asesinatos, 12.553 fueron por homicidios y 3.337 por actuaciones de las fuerzas públicas, que son documentadas en los registros oficiales como “resistencia a la autoridad”. De esta manera, se hace evidente que ser joven hoy día en Venezuela significa afrontar el alto riesgo por la situación de inseguridad y violencia que se agudiza en el país por la crisis.

 

De acuerdo con el informe del Observatorio de Delito Organizado (ODO) al menos 310 personas fueron asesinadas por sicarios en 2017. Entre los móviles para cometer el asesinato por encargo destacan la pasión, la extorsión, cobro de herencias y ajuste de cuentas entre delincuentes. El sicariato ocupó el primer lugar de los cuatro principales delitos más violentos, seguido del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. En relación con lo anterior, el criminalista Mario Mármol García comunicó que el delito que más ha crecido en Venezuela en la última década, con un incremento de 300% desde 2009, es el secuestro.

 

La ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal afirmó que Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, señalando que la capital venezolana ocurrieron en 2017 una tasa de 111,19 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al presentar sus resultados la ONG denunció la “creciente dificultad” para identificar la “magnitud de la violencia homicida” en Venezuela.

 

 

Fe y Alegría notificó que el estado Mérida tiene el mayor índice de suicidios del país: 8 de cada 10 casos de este tipo en 2017. OVV indicó que el 25% de las víctimas tenían entre 14 y 24 años, aunque los otros 25%, tenían entre 44 y 57 años. De igual forma, la organización explicó que 75% de los suicidios fueron por parte de hombres.

 

El más reciente estudio del Instituto Igarapé, señaló que Venezuela es el tercer país con más violencia en el mundo, con una cifra de 16 mil 046 homicidios en 2017. Investigación apunta que “hay señales de alerta sobre que las elevadas tasas irán en aumento si no se hace algo al respecto”.

 

El informe de la ONG OVV revela que el año 2017 más de 150 personas se quitaron la vida. La tasa de suicidios cerró en 19,09 por cada cien mil habitantes, la más alta en Venezuela en los últimos 30 años.

 

Freddy Crespo, profesor de la Universidad de Los Andes y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Mérida (OVV Mérida) notifico que 69 personas fueron asesinadas en Mérida desde el 01 de enero al 30 de abril del 2018. El especialista agregó un dato interesante: “si bien esta cifra implica seis homicidios menos que los registrados el año pasado en el mismo período, estamos asistiendo a un cambio importante en los patrones y características de los delitos comunes que se registran en la entidad”.

 

De acuerdo al registro de sucesos reportados en la prensa regional, señaló el investigador, el año pasado entre enero y marzo se registraron 75 homicidios y 49 tentativas de homicidios, lo que totaliza 124 víctimas; mientras que este año en el mismo lapso, los homicidios son 69 y las tentativas de homicidio 38, para un total de 109 víctimas. Esto implica una reducción de 12% en las cifras de 2018 con respecto al mismo período de 2017.

 

Por otro lado, de acuerdo a los datos recabados por el OVV Lara durante el primer cuatrimestre de 2018 hubo 539 víctimas en el estado, de los cuales 84,8% son hombres y 10% mujeres. El móvil más común continúa siendo el robo, dado que en 36,3% de los crímenes esta fue la motivación que propició la agresión. La mayoría de los casos que reseñan los medios impresos locales son homicidios, la concurrencia de estos destaca a Lara como un estado con constante actividad delincuencial (en 2017 se registraron 2.8 muertes violentas por día).

 

El sociólogo Roberto Briceño-León, director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Violencia dio a conocer que, de cada tres muertes violentas reportadas en el país, dos fueron ejecutadas por el hampa común y una por la policía, según registros oficiales de 2018, que indican, además una disminución del homicidio, entre otros delitos, en comparación con el año pasado. “Esa baja, si se da por cierta, no significa que la tasa de homicidios haya disminuido”, advierte Briceño, quien no descarta el efecto de la diáspora en las cifras.

 

No obstante, señaló que hubo un aumento “dramático y preocupante” de fallecidos en enfrentamientos policiales en todos los estados del país. Más de 2.000 personas murieron en lo que va de año bajo la figura de resistencia a la autoridad, es decir, 17 cada día aproximadamente a manos de policías, lo cual no se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía.

 

Durante el año 2017 Provea logró individualizar a un total de 397 víctimas de violación al derecho a la vida, cifra que representa un incremento de 17,51% respecto al 2016, manteniéndose la tendencia ascendente por sexto año consecutivo, con lo que se consolida el incremento que experimenta desde 2012. Este dato marca un nuevo récord en el número total de muertes causada por la acción de cuerpos de seguridad del estado desde 1989.

 

Son las ejecuciones con 359 víctimas, el patrón de violación al derecho a la vida que concentra el mayor número de muertes, representando el 90,42% de los decesos, seguido de “negligencia” (14) que reúne el 3,52% del total de las muertes; “uso excesivo de la fuerza” (11) y “uso indiscriminado de la fuerza” (10) que congregan el 2,77% y 2,51% de los fallecimientos respectivamente; y finalmente encontramos 3 víctimas de violación al derecho a la vida por “tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” que representa el 0,75% del total de personas victimizadas. Por tanto, es la actuación deliberada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado lo que está incrementando las violaciones al derecho a la vida y se erige como claro indicador del aumento de la violencia estatal mortal.

 

Del total de víctimas identificadas, se registró un total de 7 víctimas del sexo femenino que representan el 1,7% del total, y 390 víctimas del sexo masculino que constituyen el 98,23% del total, con lo cual la vulnerabilidad masculina queda nuevamente evidenciada. De esta manera, son los hombres jóvenes son más victimizados en el marco de violaciones al derecho a la vida. El rango de edad oscila entre los 2 años (dato extremo) y los 70. Con una distribución asimétrica positiva, se observa la concentración de víctimas entre las edades más tempranas. De hecho, la mayoría tiene 20 años y la edad promedio son 25.