Situación de violencia en Venezuela - Memorias por la vida
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Situación de violencia en Venezuela

Venezuela registró 26.616 homicidios en 2017, un promedio de cuatro venezolanos asesinados cada hora. En medio de una crisis política, económica y social que atraviesa el país varios delitos han ido en aumento y el secuestro se ha convertido en uno de los pocos negocios rentables. 

Cada día son asesinados tres niños o adolescentes en Venezuela, de acuerdo a un informe realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia junto a Cecodap presentado el 3 de octubre. 

El estudio, que tomó como base informaciones publicadas en medios impresos y datos de fuentes oficiales, cifró en 1,134 el total de homicidios de niños y adolescentes durante el año 2017, lo que arroja una tasa de una muerte violenta cada 8 horas y de unas 90 al mes. 

De ese total, 76 eran menores de cuatro años, 46 tenían entre 5 y 9 años, 125 entre 10 y 14 años, y 108 fueron calificados como homicidios por “resistencia a la autoridad”.

En cuanto a los móviles de estas muertes las autoridades hablan de 643 por “ajustes de cuentas”, 92 por robo, 21 por asesinato por encargo, 8 tras abuso sexual y 8 por linchamiento, entre otros motivos.

Fernando Pereira, fundador de Cecodap, aseguró que en 2017 se registraron 10.499 hechos de violencia contra menores de 18 años lo que refleja una “espiral de violencia que no debería normalizarse ni naturalizarse en ninguna sociedad o país”.

Pereira renunció que las bandas criminales captan a los menores al ofrecerles alimentos que escasean en el país, en medio de la crisis económica, “y de esta forma se van involucrando en las actividades de estos grupos organizados para delinquir”.

Según el investigador, la edad promedio de iniciación en actividades delictivas es de 10 a 11 años.

El informe señala que solo en 2017 un total de 777 menores participaron en robos, 141 en asesinatos, 91 en narcotráfico, 20 en secuestros, 16 en abuso sexual, 56 en saqueos y 5 en delitos por violencia de género.

De acuerdo a expertos, la precariedad y la corrupción existente en Venezuela han provocado que en este negocio participen tanto delincuentes como policías: unos llevando a cabo el secuestro y los otros negociando los rescates. Un trabajo realizado por ABC Internacional, detalla que aunque los expertos señalan que mantener a la víctima en cautiverio unos tres días es la forma más lucrativa, las bandas delictivas han perfeccionado un nuevo método llamado “la cava”; el cual consiste en capturar a varias víctimas, sin relación entre sí, y mantenerlas retenidas en un mismo vehículo. Mientras se da la espera, los delincuentes se encargan de negociar.

El secuestro es el delito que más ha aumentado en Venezuela -un 1.300%-, de acuerdo a cifras extraoficiales elaboradas por diversas organizaciones humanitarias en 2017 se produjeron alrededor de 654 secuestros y en 2018 la cifra va en aumento. Sin embargo, miembros del Observatorio Venezolano de Violencia han comentado que los números reales son más elevados, pues la mayoría de las víctimas no denuncian el secuestro. 

El experto Marcos Tarre indica que la mayoría de las víctimas no denuncian sino toman la decisión de migrar del país porque les da miedo que estas bandas criminales tomen represalias en su contra o de su familia. 

A nivel mundial existe un promedio de que 10 víctimas de secuestro fallecen en el proceso; pero en Venezuela este número se encuentra en 14 %.

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo. En primer lugar calculamos que, al igual que el año 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

“El número de homicidios en Venezuela es superior al de muchos países en guerra”. Así resumió Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (AI) España, el nivel de inseguridad que se vive en el país desde hace años.


El organismo internacional detalló en su reporte que el gobierno venezolano, representado por el presidente Nicolás Maduro, lleva a cabo una violación sistemática de los derechos humanos en dos niveles: “El primero de ellos, el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales”.


En correspondencia a lo expresado por Amnistía, las cifras reveladas por Monitor de Víctimas, un proyecto impulsado por periodistas, refieren que las ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lideran los homicidios en la Gran Caracas en lo que va de 2018. De 1.016 muertes violentas registradas el proyecto de datos, entre los meses de enero a agosto, un total de 248 fueron ejecuciones (24,40%).


Entre 2002 y 2017, el gobierno venezolano ha llevado a cabo un total de 17 planes de seguridad. Sin embargo, según Amnistía Internacional, Venezuela fue señalado como el segundo país del mundo con mayor tasa de homicidios, sólo detrás de Siria, una nación en guerra desde hace siete años. En 2016 se registraron 21.752 crímenes.

Según Esteban Beltrán el que los últimos 19 ministros del Interior que haya tenido el país, 11 hayan sido militares ha ocasionado un incremento de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas. En la medicatura forense de Bello Monte se sustenta la opinión del investigador, pues cada día llega un familiar y detalla el patrón de la actuación de los efectivos: más de 15 hombres conforman los operativos; ingresan a las viviendas sin orden judicial; sacan de la casa o encierran en sus cuartos a los parientes de los buscados por medio de gritos y golpes (incluidos menores de edad); le disparan al joven en pecho o cabeza; y por último lanzan tiros al aire a la fachada de la residencia para simular un enfrentamiento con el presunto delincuente.


El cuerpo táctico de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mejor conocido como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), es quien ha protagonizado la mayor parte de estas ejecuciones hasta agosto de 2018: 124 muertes; le sigue de cerca la policía científica, cuyos funcionarios han asesinado al menos a 83 mujeres y hombres caraqueños en lo que va de año. Los funcionarios actúan de madrugada, los operativos son realizados entre las 3 y 6 de la mañana de cualquier día de la semana.

 

Amnistía Internacional sustenta que esta forma de proceder de las autoridades policiales y militares del país se debe por “el fracaso de las políticas públicas de seguridad de los últimos 20 años, en los que ha habido 17 planes de seguridad. En esos planes, las únicas medidas que se han implementado son medidas represivas, nunca medidas de carácter preventivo. Esto es lo que ha contribuido a una violencia armada endémica y ha contribuido a las ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades”.


De acuerdo con AI, las ejecuciones han ido en aumento, de 384 registradas en 2012 a 669 en 2013, 1.018 en 2014, 1.396 en 2015 y 2.379 en 2016.


El informe de la Organización explica que la impunidad en Venezuela se estima en 90%, y este “es el hueso que hace que continúe un círculo vicioso en el que se actúa, se mata y se olvida a la víctima”; el cual no ha sido eliminado o disminuido porque “no se han tomado medidas contundentes para mejorar el sistema de justicia penal, tanto desde el punto de vista de los tribunales y órganos de justicia, como de los centros de reclusión de personas privadas de libertad”.

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaron por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

El OVV anunció que el homicidio encabeza la lista de delitos más frecuentes en los sucesos violentos del país, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado en la Región Capital. Por su parte, el robo se ubica como el segundo delito con mayor cantidad de víctimas, seguido en tercer lugar por el secuestro. Asimismo, en este monitoreo se observó que las parroquias Petare, con 13,2%; Sucre, con 7%; y El Valle, con 6%, son las que agrupan la mayor ocurrencia de hechos violentos en la Región Capital.

La ONG Cofavic, dedicada a promover la protección y promoción de los derechos humanos, se pronunció sobre la violencia de género y lamentó que en Venezuela no existan leyes para combatir las agresiones contra las mujeres y afirmó que en Venezuela no hay planes para reducir la violencia contra la mujer, aunque hay un marco normativo vigente.

Luisa Ortega Díaz, Ex Fiscal General en el exilio acudió a la Corte Penal Internacional a solicitar el enjuiciamiento por “delitos de lesa humanidad” al presidente Nicolás Maduro y cuatro generales, afirmando que “No se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos. Esto trágicamente, es lo que ha ocurrido en Venezuela y es lo que está ocurriendo”.

Luego de diversas solicitudes, no es hasta el 08/02/2018, que la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que inició un examen preliminar por hechos ocurridos en Venezuela que se caracterizó por los “graves abusos” por parte del gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado para “dispersar y reprimir manifestaciones”. El examen preliminar analizará crímenes presuntamente cometidos por pare del Estado al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa.

https://www.youtube.com/watch?v=xp-pE7oY50E

El Fiscal General, Tarek William Saab, indicó que comunicado de La Corte Penal Internacional (CPI) carece de veracidad ya que no se han comunicado con el Ministerio Público para obtener información oficial sobre los sucesos ocurridos durante las protestas de 2017, reiterando que “Los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo”.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017 determinó que, de las personas encuestadas, una de cada cinco había sido víctima de un delito. Según la opinión de los participantes, la ocurrencia de los delitos es más frecuente en las grandes ciudades, con relación a esto el 81% desconfía de los cuerpos policiales como una garantía de seguridad; esto lleva a 65% de la población a no denunciar y callar su victimización.

 

Para 2017, 59% de los participantes afirmaron que la violencia en su comunidad se incrementó y debido a la sensación de inseguridad, en los últimos cuatro años los venezolanos han ido absteniendo de salir de sus hogares a recrearse (71%), hacer compras (69%) o cursar estudios (50%). Encovi concluyó que hay un incremento en el deseo de mudarse de la zona donde viven los ciudadanos por temor a ser víctimas de la delincuencia, que obliga a la emigración, al no encontrar zonas seguras a lo interno del país.

 

El Observatorio de Delito Organizado presentó su informe Hemerográfico sobre Delito Organizado 2017, que realizó durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año pasado. El estudio dió a conocer que con un promedio mensual de 111 reportes computados, el análisis hemerográfico arrojó un total de 1.335 casos de crimen organizado; cifra que supera el número de casos registrados durante el año anterior por una diferencia de 51 registros, lo que supone un incremento interanual del 85,2%.

 

Según datos, los principales delitos de crimen organizado del país son: En primer lugar el sicariato con 262 registros computados durante el año, en segundo lugar el tráfico de drogas con 256 casos computados, en tercer lugar le sigue la extorsión con 248 registros, en cuarto lugar el secuestro que tuvo 206 situaciones y por quinto lugar el contrabando con 170 casos.

 

 

El Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer) informó que en más de 1000% aumentaron los casos de abuso contra las féminas en todos los ámbitos en el estado Táchira, pasando de 320 denuncias a más de 1500 en un mes y alertaron que no solo se ha registrado aumento en la violencia doméstica sino también en casos de violencia laboral, sexual y de hijos contra sus propias madres.

 

Según las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se incrementaron la violencia dentro de los hogares por comida, en el 2017, ya que la hiperinflación y la escasez impiden a los padres surtir la nevera y alimentar debidamente a todos los niños de la casa. Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, explicó que hay casas donde se come una sola vez al día.

 

Según fuentes extraoficiales del Ministerio Público, en 2016 se recibieron 53 denuncias por trato cruel mientras que en 2017 la cifra se elevó a 112, es decir, un alza de más de 110 % solo en una de las Fiscalías con competencia en materia de niños y adolescentes. En 2016 se abrieron 522 denuncias, donde las víctimas eran menores de edad, que abarcan distintos tipos penales como averiguación, muerte, tratos crueles, abuso sexual y robo. Mientras que en 2017 fueron 480.

 

 

La fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en el continente americano, presentó informe en el que concluye que Venezuela se ha convertido en un exportador de criminalidad. Jeremy McDermott, director ejecutivo de la organización, afirmó que “empezamos estudiando a miembros del régimen bolivariano y sus vínculos con la actividad criminal y eso fue el punto que nos llevó a la conclusión de que Venezuela es un Estado mafioso”. Según sus resultados alrededor de 123 funcionarios venezolanos están implicados en redes de narcotráfico, contrabando de gasolina y el mercado negro de comida.

 

El estudio, titulado “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?”, alerta del crecimiento exponencial del crimen organizado estatal y no estatal en los últimos seis años y apunta que más de 16 megabandas, organizaciones con control territorial y economías ilegales diversificadas, operan en Venezuela, algunas con más de 300 miembros.

 

Con 83% de los artículos de prensa analizados por el Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital, el homicidio se posicionó como el delito más grave en los sucesos en la Región Capital durante el mes de marzo. En segundo lugar, se ubicó el robo, con una incidencia de 6,5%, y en tercero las lesiones, con 3,9%, destacando que también se observaron casos de tentativa de homicidio y amenaza de muerte.

 

El seguimiento mensual a los artículos de prensa de los diarios El Nacional, La Voz y el portal Crónica Uno, también indica que en 9 de cada 10 sucesos violentos el lugar del suceso y el del hallazgo fueron iguales. Adicionalmente, 67% de los hechos violentos registrados en marzo tuvieron un solo delito, mientras que 33% ocurrieron con múltiples delitos en un mismo suceso.

 

La inseguridad y los hechos violentos se han apoderado de las carreteras del estado Sucre y también de zonas populares en Cumaná, Cariaco, Cumanacoa y Carúpano, y los funcionarios policiales que resguardan al ciudadano no son suficientes, de acuerdo con denuncias del Observatorio Venezolano de Violencia. En la carretera Cariaco-Chacopata ocurre un promedio de cuatro asaltos diarios, de acuerdo con versiones de las comunidades y de dirigentes del transporte Caravana de la Sardina.

 

Entre Puerto La Cruz, Cumaná y Carúpano las autoridades han identificado públicamente las zonas del eje costero (Yaguaracual, la recta de Arapo y Muelle de Cariaco, como de alto riesgo por los asaltos de conductores de vehículos particulares y saqueos de camiones de carga pesada, sobre todo aquellos que trasladan alimentos, bebidas y repuestos que en la actualidad deben ser escoltados hasta sus destinos por caravanas oficiales.

 

En la Región Capital la participación de funcionarios de organismos de seguridad en hechos violentos continúa siendo una de las principales causas de la violencia. De acuerdo con el monitoreo de prensa correspondiente a mayo, 38% de los delitos más graves en los sucesos fueron cometidos por fuerzas policiales o militares, lo que constituye la cifra más alta en lo que va de año para este grupo.

 

Según el Observatorio de Prensa de OVV Región Capital, la mayoría de los funcionarios inmersos en sucesos violentos pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, en menor medida, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

 

El informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destaca que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura.

De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas operaciones. Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a “criminales”, sin orden judicial; la muerte de jóvenes que correspondían a un cierto perfil, en algunos casos en sus propios hogares; y finalmente, la manipulación por las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

 

Por iniciativa de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, reemplazada por la Constituyente en agosto de 2017, se iniciaron investigaciones contra 357 agentes de las fuerzas de seguridad en relación con los homicidios mencionados. Desde esa fecha, no se ha comunicado ninguna información pública sobre el avance de las investigaciones; uno de los principales obstáculos a la divulgación de dicha información ha sido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que está encargado de las investigaciones y es a la vez el principal presunto responsable de la mayoría de las muertes.