Situacion de violencia en Venezuela - Memorias por la vida
3013
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3013,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Situación de violencia en Venezuela

Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo. En primer lugar calculamos que, al igual que el año 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56).

Nuestros estimados indican que al finalizar 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil.

Por otro lado, en el año 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

La otra evidencia de ese proceso es el incremento de los asesinatos a grupos de varias personas al mismo tiempo. Lo que se ha conocido como masacres, porque resultan tres, cuatro o hasta más de siete víctimas fatales en el mismo evento. Si bien en la mayoría de los homicidios hay una sola víctima, la expansión de la violencia ha tenido como expresión estos asesinatos colectivos perpetrados por bandas delincuenciales o cuerpos de seguridad.

Las masacres de Tumeremo, Cariaco o Barlovento son una expresión conocida, pero los estimados nuestros es que en el año 2016 ocurrieron al menos 22 asesinatos múltiples en cada mes calendario. Una cifra preocupante que muestra la expansión de la violencia en el país.

El miedo de la población venezolana a ser víctima del delito y la violencia se ha generalizado a todos los sectores sociales, pero afecta de manera más grave a los sectores pobres y de clase media que deben moverse a pie o en el transporte público por las ciudades y calles del país.

Una de las áreas donde con mayor impacto se ha sentido este fenómeno fue en el transporte público y colectivo: ocho de cada diez venezolanos tiene miedo de ser víctima del delito en los autobuses en las ciudades o en las carreteras interurbanas. Por ese miedo, este año muchos venezolanos optaron por renunciar a viajar en las noches o madrugadas por muchas carreteras y autopistas, las cuales se tornaron más solitarias y se hicieron más propensas a la actuación del delito.

El OVV anunció que el homicidio encabeza la lista de delitos más frecuentes en los sucesos violentos del país, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado en la Región Capital. Por su parte, el robo se ubica como el segundo delito con mayor cantidad de víctimas, seguido en tercer lugar por el secuestro. Asimismo, en este monitoreo se observó que las parroquias Petare, con 13,2%; Sucre, con 7%; y El Valle, con 6%, son las que agrupan la mayor ocurrencia de hechos violentos en la Región Capital.

La ONG Cofavic, dedicada a promover la protección y promoción de los derechos humanos, se pronunció sobre la violencia de género y lamentó que en Venezuela no existan leyes para combatir las agresiones contra las mujeres y afirmó que en Venezuela no hay planes para reducir la violencia contra la mujer, aunque hay un marco normativo vigente.

Luisa Ortega Díaz, Ex Fiscal General en el exilio acudió a la Corte Penal Internacional a solicitar el enjuiciamiento por “delitos de lesa humanidad” al presidente Nicolás Maduro y cuatro generales, afirmando que “No se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos. Esto trágicamente, es lo que ha ocurrido en Venezuela y es lo que está ocurriendo”.

Luego de diversas solicitudes, no es hasta el 08/02/2018, que la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que inició un examen preliminar por hechos ocurridos en Venezuela que se caracterizó por los “graves abusos” por parte del gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado para “dispersar y reprimir manifestaciones”. El examen preliminar analizará crímenes presuntamente cometidos por pare del Estado al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política conexa.

https://www.youtube.com/watch?v=xp-pE7oY50E

El Fiscal General, Tarek William Saab, indicó que comunicado de La Corte Penal Internacional (CPI) carece de veracidad ya que no se han comunicado con el Ministerio Público para obtener información oficial sobre los sucesos ocurridos durante las protestas de 2017, reiterando que “Los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo”.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) 2017 determinó que, de las personas encuestadas, una de cada cinco había sido víctima de un delito. Según la opinión de los participantes, la ocurrencia de los delitos es más frecuente en las grandes ciudades, con relación a esto el 81% desconfía de los cuerpos policiales como una garantía de seguridad; esto lleva a 65% de la población a no denunciar y callar su victimización.

 

Para 2017, 59% de los participantes afirmaron que la violencia en su comunidad se incrementó y debido a la sensación de inseguridad, en los últimos cuatro años los venezolanos han ido absteniendo de salir de sus hogares a recrearse (71%), hacer compras (69%) o cursar estudios (50%). Encovi concluyó que hay un incremento en el deseo de mudarse de la zona donde viven los ciudadanos por temor a ser víctimas de la delincuencia, que obliga a la emigración, al no encontrar zonas seguras a lo interno del país.

 

El Observatorio de Delito Organizado presentó su informe Hemerográfico sobre Delito Organizado 2017, que realizó durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del año pasado. El estudio dió a conocer que con un promedio mensual de 111 reportes computados, el análisis hemerográfico arrojó un total de 1.335 casos de crimen organizado; cifra que supera el número de casos registrados durante el año anterior por una diferencia de 51 registros, lo que supone un incremento interanual del 85,2%.

 

Según datos, los principales delitos de crimen organizado del país son: En primer lugar el sicariato con 262 registros computados durante el año, en segundo lugar el tráfico de drogas con 256 casos computados, en tercer lugar le sigue la extorsión con 248 registros, en cuarto lugar el secuestro que tuvo 206 situaciones y por quinto lugar el contrabando con 170 casos.

 

 

El Instituto Tachirense de la Mujer (Intamujer) informó que en más de 1000% aumentaron los casos de abuso contra las féminas en todos los ámbitos en el estado Táchira, pasando de 320 denuncias a más de 1500 en un mes y alertaron que no solo se ha registrado aumento en la violencia doméstica sino también en casos de violencia laboral, sexual y de hijos contra sus propias madres.

 

Según las investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) se incrementaron la violencia dentro de los hogares por comida, en el 2017, ya que la hiperinflación y la escasez impiden a los padres surtir la nevera y alimentar debidamente a todos los niños de la casa. Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, explicó que hay casas donde se come una sola vez al día.

 

Según fuentes extraoficiales del Ministerio Público, en 2016 se recibieron 53 denuncias por trato cruel mientras que en 2017 la cifra se elevó a 112, es decir, un alza de más de 110 % solo en una de las Fiscalías con competencia en materia de niños y adolescentes. En 2016 se abrieron 522 denuncias, donde las víctimas eran menores de edad, que abarcan distintos tipos penales como averiguación, muerte, tratos crueles, abuso sexual y robo. Mientras que en 2017 fueron 480.

 

 

La fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en el continente americano, presentó informe en el que concluye que Venezuela se ha convertido en un exportador de criminalidad. Jeremy McDermott, director ejecutivo de la organización, afirmó que “empezamos estudiando a miembros del régimen bolivariano y sus vínculos con la actividad criminal y eso fue el punto que nos llevó a la conclusión de que Venezuela es un Estado mafioso”. Según sus resultados alrededor de 123 funcionarios venezolanos están implicados en redes de narcotráfico, contrabando de gasolina y el mercado negro de comida.

 

El estudio, titulado “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?”, alerta del crecimiento exponencial del crimen organizado estatal y no estatal en los últimos seis años y apunta que más de 16 megabandas, organizaciones con control territorial y economías ilegales diversificadas, operan en Venezuela, algunas con más de 300 miembros.

 

Con 83% de los artículos de prensa analizados por el Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital, el homicidio se posicionó como el delito más grave en los sucesos en la Región Capital durante el mes de marzo. En segundo lugar, se ubicó el robo, con una incidencia de 6,5%, y en tercero las lesiones, con 3,9%, destacando que también se observaron casos de tentativa de homicidio y amenaza de muerte.

 

El seguimiento mensual a los artículos de prensa de los diarios El Nacional, La Voz y el portal Crónica Uno, también indica que en 9 de cada 10 sucesos violentos el lugar del suceso y el del hallazgo fueron iguales. Adicionalmente, 67% de los hechos violentos registrados en marzo tuvieron un solo delito, mientras que 33% ocurrieron con múltiples delitos en un mismo suceso.

 

La inseguridad y los hechos violentos se han apoderado de las carreteras del estado Sucre y también de zonas populares en Cumaná, Cariaco, Cumanacoa y Carúpano, y los funcionarios policiales que resguardan al ciudadano no son suficientes, de acuerdo con denuncias del Observatorio Venezolano de Violencia. En la carretera Cariaco-Chacopata ocurre un promedio de cuatro asaltos diarios, de acuerdo con versiones de las comunidades y de dirigentes del transporte Caravana de la Sardina.

 

Entre Puerto La Cruz, Cumaná y Carúpano las autoridades han identificado públicamente las zonas del eje costero (Yaguaracual, la recta de Arapo y Muelle de Cariaco, como de alto riesgo por los asaltos de conductores de vehículos particulares y saqueos de camiones de carga pesada, sobre todo aquellos que trasladan alimentos, bebidas y repuestos que en la actualidad deben ser escoltados hasta sus destinos por caravanas oficiales.

 

En la Región Capital la participación de funcionarios de organismos de seguridad en hechos violentos continúa siendo una de las principales causas de la violencia. De acuerdo con el monitoreo de prensa correspondiente a mayo, 38% de los delitos más graves en los sucesos fueron cometidos por fuerzas policiales o militares, lo que constituye la cifra más alta en lo que va de año para este grupo.

 

Según el Observatorio de Prensa de OVV Región Capital, la mayoría de los funcionarios inmersos en sucesos violentos pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, en menor medida, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

 

El informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas destaca que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de graves violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura.

De julio de 2015 a marzo de 2017, la Fiscalía General (Ministerio Público) registró la muerte de 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad durante las mencionadas operaciones. Los testimonios recogidos sugieren que esas muertes se enmarcaron en un determinado patrón de comportamiento de las fuerzas de seguridad: la realización de incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a “criminales”, sin orden judicial; la muerte de jóvenes que correspondían a un cierto perfil, en algunos casos en sus propios hogares; y finalmente, la manipulación por las fuerzas de seguridad del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos.

 

Por iniciativa de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, reemplazada por la Constituyente en agosto de 2017, se iniciaron investigaciones contra 357 agentes de las fuerzas de seguridad en relación con los homicidios mencionados. Desde esa fecha, no se ha comunicado ninguna información pública sobre el avance de las investigaciones; uno de los principales obstáculos a la divulgación de dicha información ha sido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que está encargado de las investigaciones y es a la vez el principal presunto responsable de la mayoría de las muertes.