Situacion de las carceles en Venezuela - Memorias por la vida
3016
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3016,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Situación de las cárceles en Venezuela

La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que situación que padecen las personas que se encuentran detenidas en los diferentes centros de detención preventiva (CDP) de Mérida es “crítica”. La presidenta del Observatorio Penal en el estado Mérida, Gipsy Sarita Montiel ifnromó sobre el incremento de hacinamiento en los centros de reclusión temporal, en los cuales incluso, se encuentran personas ya procesadas y sentenciadas.

“La situación es bastante delicada y llama poderosamente la atención a quienes luchamos diariamente por la defensa y el repito de los derechos humanos en la entidad. Nos han hecho llegar denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos como en lo que es el CICPC, donde presuntamente en algunas ocasiones botan sus indumentarias, ropas, la comida no les llega a tiempo a los privados, no les dan acceso a la visita que tiene semanal con los familiares o lo abogados irrespetando lo que constitucionalmente aparece establecido como un derecho humano”. 

Según Montiel, los familiares de los detenidos han denunciado presuntos malos tratos hacia quienes se encuentran en los calabozos policiales merideños. “Nos llama poderosamente la atención que también hay un maltrato de parte de algunos funcionarios que presuntamente, es lo que recibimos de los familiares de los privados de libertad donde se aplican torturas dentro de los centros penitenciarios y de reclusión momentánea, mientras que esperan acceder a una justicia plena”. 

La especialista detalló que el estado venezolano debe garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en los CDP. “Por mucho que haya cometido un error un individuo, tiene derecho al acceso a la justicia y al respeto a su humanidad”.

De acuerdo a Una Ventana a la Libertad, el Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra), es el único centro de reclusión que cumple con los requisitos mínimos que garantizan los DDHH de los privados de libertad.

Un estudio realizado por Una Ventana a la Libertad indica que 287 privados de libertad detenidos en 93 calabozos policiales se fugaron entre enero y agosto de 2018.

La información recabada en centros del Distrito Capital, Falcón, Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Lara, Nueva Esparta, Táchira, Monagas, Zulia y Vargas determinó que en estas entidades regionales se llevaron a cabo 44 fugas. Donde hubo más fugas fue en Miranda, para un total de ocho.

Le siguen de cerca Carabobo, Lara, Mérida, Zulia y Nueva Esparta donde se registraron cinco escapes en cada una.

El informe de la ONG especializada en el tema carcelario, detalla que de los 287 presos evadidos, 269 son hombres, 94%, y 18 mujeres para un total de 6%.

De acuerdo con Una Ventana a la Libertad si a esta cantidad de fugados se le restan los que luego fueron recapturados por cuerpos policiales, y se le resta los que resultaron muertos, el saldo sería de 213 privados de libertad que aún están huidos y menos de 30% han sido recapturados.Según la ONG el tiempo de la recaptura es variable. Algunos casos se resuelven en horas, otros en días; pero les preocupa que en el proceso de recaptura varios hombres y mujeres son asesinados “por parte de las autoridades policiales, en circunstancias que suelen hacer presumir uso excesivo de la fuerza”.


Con respecto a la mayor cantidad de evadidos que murieron en la recaptura corresponden a presos de Miranda, con 35%; Zulia con 26%; y entre las dos entidades suman un total de 61% de todos los casos.

Investigadores de la ONG reportan que en algunos estados se lleva a cabo “la presunta complicidad de funcionarios de la PNB en fugas, mediante pago de dinero”.

Uno de los problemas más grandes en las cárceles y centros de detención del país es el hacinamiento. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) , la cifra más alta de hacinamiento ha llegado al 1.010%. La organización señala que en los calabozos policiales conviven más de 33.000 detenidos en espera de juicio cuando las instalaciones solo están diseñadas para tener a una persona por 48 horas.

De acuerdo a una investigación realizada por Una Ventana por la Libertad, el hacinamiento, el pranato, la comercialización de armas, extorsión y pago por privilegios ya no son solo hechos que se generan en las cárceles sino en los recintos de detención preventiva. Esta conclusión se generó tras la información recabada durante el primer semestre de 2018 en 93 calabozos policiales situados en los estados Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.

Carlos Nieto Palma director de la ONG refiere que una semana después del nombramiento de Iris Valera como ministra de Servicios Penitenciarios   “inició la etapa de hacinamiento y colapso en los centros de detención, luego de la emisión de un comunicado a los directores de las cárceles venezolanas, el 3 de agosto de 2011, en el que se les ordenaba la suspensión de ingresos de privados de libertad en los centros penitenciarios sin la autorización de ese despacho”.a suspensión de ingresos a centros penitenciarios trajo como consecuencia el retardo procesal, las demoras en la asignación de cupos para centros carcelarios y el hacinamiento.

La población, a la fecha, es de 45.000 reclusos en centros donde solo existe capacidad para albergar a 5.910 personas, lo cual refleja 250% de sobrepoblación, mientras que para el mismo período del año anterior, esta organización contabilizó un total de 14.525 reclusos y para ese año el hacinamiento alcanzó 86%, según Palma.

Hasta el 31 de julio de 2018 en los calabozos policiales del país se registraron 232 muertes: 71 durante motines, 34 por tuberculosis, 15 durante enfrentamiento tras fugas, otras 15 por enfrentamiento entre presos, 11 por riñas en reclamo de espacios, 6 por intentos de fuga, 2 suicidios y 4 por determinar. A esta lista se agregan las 69 personas que murieron el 21 de marzo en los calabozos de Policarabobo. 

Según cifras de la OVP los penales más violentos en 2016 fueron la PGV, con 28 muertos y 11 heridos; Fénix, en Lara, con 8 muertos; La Pica, en Monagas, donde hubo 6 muertos; Puente Ayala, en Anzoátegui, con 14 muertos; y la cárcel de Apure, con 6 reclusos asesinados.

Respecto a casos de tortura, la ONG Una Ventana para la Libertad señaló que en la sede de Roca Tarpeya se detectaron varios métodos de tortura, tales como la crucifixión, ahogamiento con bolsas de agua, golpes con bates de madera y choques eléctricos a los genitales u otras partes del cuerpo. También se evidenció una gran insalubridad, hacinamiento, casos de privación ilegítima de libertad y falta de asistencia médica.

Casos como el hacinamiento y las torturas contra reclusos suponen graves violaciones a los derechos humanos. Observamos como la Constitución en su artículo 46 protege la integridad física, psíquica y moral de las personas, pero también condena la realización de torturas crueles, inhumanos o degradantes contra éstas.

El 16 de agosto más de 30 presos fueron asesinados en el centro de reclusión Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, luego de que organismos de seguridad del Estado intentaran entrar al recinto en coordinación con el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. Se reportaron enfrentamientos entre los presos y los cuerpos de seguridad.

El ord.. 4 del mismo artículo se evidencia que todo funcionario que infiera maltratos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la Ley.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 10 que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a su dignidad. Añade que el régimen penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad sea la reforma y readaptación social de los penados.

De acuerdo la organización Una Ventana a la Libertad , al menos 8 presos que se encontraban recluidos en centros de detención preventiva del país han fallecido, por cuadros de desnutrición en lo que va de 2017. La escasez generalizada de alimentos que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.

El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa. La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen, constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

Una Ventana a la Libertad presentó informe sobre las cárceles venezolanas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció el hacinamiento que se vive en los recintos carcelarios el cual supera 350%, además de los graves problemas de desnutrición y expansión de enfermedades infecciosas como la tuberculosis en estos sitios, reiteran que hay más de 100 mil privados de libertad que se encuentran sufriendo estas situación. Por su parte, presos extranjeros manifestaron el incumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos, instrumento internacional de las Naciones Unidas (ONU), por medio de una carta dirigida a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Según UVAL y su último informe sobre 2017, los centros de detención preventiva fueron diseñados para albergar a 5.910 privados de libertad; sin embargo, para diciembre de 2017 albergaban un promedio de 14.525 privados de libertad, lo que quiere decir que hay una sobrepoblación de 8.615 privados de libertad, que suma un 250,86%. De este total un estimado de 987 son mujeres, 182 son menores de edad, 106 son extranjeros, 186 son personas que padecen enfermedades crónicas y 18 son personas pertenecientes a la población GLBTI.

 

De igual forma, entre las fallas que se destacaron en la infraestructura de estos entes fueron: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 100% no cuenta con servicio de lavandería; 92,93% no posee áreas recreativas; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico; 61,62% no cuenta con áreas especiales para la población femenina; 100% no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes; 99,49% no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad; 100% no cuenta con áreas especiales para población GLBTI.

 

Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores), ni con presupuesto para proveer alimentos para los privados de libertad, ya que estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido.

 

Entre las violaciones de derechos humanos, con mayor registro, realizado a los privados de libertad por parte de organismos del Estado son: las fugas con 53 casos que representan el 34,19%, las muertes de privados de libertad por problemas de salud con 39 casos que representan el 25,16% y los asesinatos de privados de libertad con 26 casos que constituyen el 16,77%.

 

Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, comunicó que en Venezuela hay alrededor de 500 espacios para detenidos, pero la mayoría de ellos no tienen estructura con condiciones óptimas para garantizar los derechos de las mujeres.

 

La presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas, Sofía Sgambatti, informó que de los 100 mil presos que hay en el país, 15 mil son mujeres. De este número, 7 mil están en comandancias policiales, lugares de detención preventiva que no están creadas para mantener a una persona por más de 72 horas.

 

Durante los primeros dos meses del año 2018, se reportaron un total de 26 muertos, 10 heridos, 1016 presos en huelga de hambre por el respeto a sus derechos humanos, 74 en huelga de sangre, y una preocupante y elevada cifra de 90 reclusos que se han fugado de las cárceles y Centros de Detención Policial dio a conocer comunicado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

 

Humberto Prado, director del (OVP) informó que el año pasado hubo un incremento del 30%, en comparación con el 2016, en cuanto a las muertes por hechos de violencia, paro cardíaco, VIH/Sida, tuberculosis y desnutrición.

 

Familiares de reclusos denunciaron que por ingesta de carne descompuesta más de 300 presos de El Rodeo II, en el estado Miranda, se intoxicaron por lo que sufrieron de vómitos, diarreas, náuseas, entre otros malestares. Según los presos la carne se descompuso porque no tienen los equipos adecuados para la refrigeración de los alimentos. Asimismo, relataron que consumieron la carne porque tenían muchos días sin probar bocado.

 

La sociedad civil, juristas, defensores de derechos humanos y cuerpos de seguridad declamaron que decisiones del Ministerio dejaron al estado Zulia sin cárcel con el cierre de la Prisión de Maracaibo, en Sabaneta y la posterior clausura del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite elevó la impunidad, las fugas de los delincuentes y generó un problema a la sociedad con el aumento de la delincuencia.

 

La ONU comunico estar consternados por las terribles muertes de al menos 68 personas en Venezuela después de que un incendio que arrasó la cárcel de una estación de policía a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad. Representantes instaron a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer justicia para las familias.

 

Fuentes extraoficiales informaron a Una Ventana a la Libertad que desde el año 2017 alrededor de 20 presos se encuentran retenidos en dos camiones en la sede de la Policía Nacional Bolivariana que está ubicada en La Yaguara. Situación se debe al hacinamiento que hay en las celdas de ese centro de detención preventiva, por lo que las autoridades policiales decidieron distribuir a los presos que tienen “la rutina manchada” en esos dos camiones.

 

Luego de los dos días de fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el Internado Judicial de San Fernando, fuentes oficiales confirman que se culminó el desalojo y traslado de los 500 presos de la única cárcel que tiene el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en el estado Apure. Los presos serán enviados a la cárcel 26 de Julio en el estado Guárico y Barinas.

 

Un total de 46 familiares de privados de libertad consignaron solicitud de traslados para 270 presidiarios que se ubican en las distintas áreas del Centro Penitenciario El Dorado para que regresen a las cárceles de la región crepuscular donde estaban hasta junio de 2017, ya que el 90% de los reos que están en esta cárcel de la selva venezolana presentan retardo procesal debido a lo difícil que es un traslado desde Bolívar hasta los tribunales de Lara, y también argumenta que detenidos sufren de constantes violaciones de los derechos humanos.

 

Las condiciones infrahumanas y las violaciones de los derechos humanos en los centros de detención preventivos siguen dejando saldo negativo. Así lo demostró el jefe Lenny Leonardi Flores, director de Polifalcón, al notificar que se detectó ocho casos de tuberculosis entre los privados de libertad que conviven en el CDP situado en la Comandancia del mencionado organismo de seguridad regional, y se sospecha de otros 13.

 

Mientras en Monagas Alberto Jesús Caraballo Bastardo (53), privado de libertad, murió por una complicación de un cuadro de desnutrición severa, tuberculosis y VIH, según se informó en la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, donde falleció la mañana de este 1° de mayo.

 

La crisis penitenciaria que pretende evadir el Gobierno venezolano está en sus peores niveles, no sólo por los hechos violentos que suceden dentro de las cárceles o centros de detención preventiva, sino también por la escasez de medicinas y alimentos, así como el hacinamiento y otros actos de violación de los Derechos Humanos. Así lo confirma la muerte de Alberto Jesús Caraballo Bastardo (53), privado de libertad en Monagas, por una complicación de un cuadro de desnutrición severa, tuberculosis y VIH, según se informó en la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, donde falleció la mañana de este 1° de mayo.

 

Lo que sería una supuesta jornada de Plan Cayapa para los privados de libertad que se encuentran en la Comunidad Penitenciaria Fénix, terminó en la trifulca más sangrienta desde enero de 2017, ya que privados de libertad expresaron su molestia debido a que “pocos fueron atendidos con resultados positivos” por el Plan Cayapa y al momento de intentar ser controlados por Custodios del Ministerio, los reos lograron abordar de forma violenta a los funcionarios. Situación termino con dos Vigilantes del Ministerio de Servicios Penitenciarios y 9 presidiarios de esta cárcel ingresados a la morgue del hospital central Antonio María Pineda. De igual forma, en la sala de emergencia de este centro de salud también recibieron a 28 reos heridos producto del conflicto.

 

De manera posterior a este suceso, extraoficialmente se registró un cambio en parte de la directiva de este mismo penal por supuestas irregularidades con la alimentación de los privados de libertad además de las denuncias de maltratos a los reos.

 

El Internado Judicial de San Fernando fue cerrado parcialmente para ser remodelado, con el propósito de implementar el nuevo régimen Penitenciario. Sin embargo, sus habitantes quieren que se traslade la cárcel para otra parte de la región, por estar ubicada en pleno centro de la capital llanera. A pesar de esto, el ministerio de asuntos penitenciarios y el gobierno regional han ignorado por completo esta petición ya que según fuentes carecen de recursos para la construcción de una cárcel nueva en Apure.

 

Mientras en Caracas, dentro de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, se registró un motín en la que los detenidos, cansados de maltratos, realizaron una protesta para exigir se les respeten sus garantías judiciales. Por suerte no se dieron pérdidas humanas, aunque a excepción de esto, resultó brutalmente agredido el joven Gregory Sanabria. Luego de este hecho, los presos políticos se reunieron y denunciaron entre otras cosas, maltratos y retardos procesales.

 

Muchos de ellos ya contabilizan hasta 60 audiencias diferidas y según oficializó la organización sin fines de lucro, Acción por la Libertad, “estando estos prisioneros políticos tras las rejas, sus vidas están en riesgo, principalmente porque los funcionarios del Sebin los golpean, aíslan y maltratan”.


Las recurrentes fallas en el suministro de agua que afectan al estado Nueva Esparta, en el oriente del país, están perjudicando en gran medida a los privados de libertad que se encuentran en los centros de detención preventiva de la entidad, quienes están padeciendo de escabiosis y otras infecciones que no solo están deteriorando su piel, sino su salud en general.

 

En los calabozos de la policía del municipio Mariño, unos de los que mayor hacinamiento tiene por albergar a unos 115 detenidos en un espacio para máximo 30 personas, los funcionarios informaron que al menos 70% de los reclusos están infectados con esta enfermedad que produce fiebre, inflamación cutánea y enrojecimiento de la zona afectada; y cuando existen complicaciones por falta de tratamiento fiebre reumática, que finalmente puede causar daño cardíaco permanente.

 

Un total de 35 reos se produjeron heridas con chuzos (arma blanca) en sus piernas para exigir traslados y condiciones humanas mínimas en los calabozos, ya que a través de sus familiares denunciaron hacinamiento, revisión inadecuada de la comida, prohibición de darle alimentos como jugos o sopas, ausencia de baños y dormitorios, tiempo de visita muy reducido, entre otras situaciones inhumanas como el dormir de pie.

 

Según funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Mérida y de Protección Civil, quienes brindaron asistencia médica a los privados de libertad, todos recibieron curas dentro del centro de detención preventiva y ninguno requirió ser trasladado al hospital de Mérida.

 

A pesar de la protesta, los privados de libertad no lograron traslados al Cepra y ante la frustración sentida porque su lucha no tuvo eco, funcionarios del Cicpc-Mérida señalaron que no tienen autoridad para aprobar o no los traslados, ya que la responsabilidad directa recae en el Ministerio del poder popular para los Servicios Penitenciarios, el cual dirige la ministra Iris Varela.