Sentencias del TSJ - Memorias por la vida
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Sentencias del TSJ

Según un informe de Acceso a la Justicia en seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el año 2016 el TSJ dictó 46 sentencias que desmantelaron a la Asamblea Nacional y con las últimas decisiones hasta marzo de 2017 dio un golpe de Estado judicial, ya que en este período desconoció la inmunidad de los diputados para acusarlos de “traición a la Patria” por alzar sus voces internacionalmente en contra de la dictadura

Con la sentencia 155 el TSJ habilitó al Ejecutivo para que pudiera legislar en aspectos clave

(Como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar) sin contar con el aval del legislativo. Con la sentencia 156 invalidó las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras estuviera en “desacato” y le cedió las competencias parlamentarias a la Sala Constitucional o a cualquier órgano que la institución dispusiera, a pesar de que ninguna norma de la Constitución permite esta usurpación.

La reacción internacional provocó la “aclaratoria” de las sentencias por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo todavía puede constituir empresas mixtas sin la autorización de la Asamblea Nacional y, sobre la base del Estado de Excepción, podrá modificar la ley de Hidrocarburos, disponiendo libremente de la riqueza nacional.

El TSJ inició una nueva arremetida contra autoridades locales y regionales opositoras. Según la ONG Acceso a la Justicia, los juicios llevados adelante por la Sala Constitucional del TSJ en contra de 13 alcaldes de oposición y el gobernador del estado Miranda incurren en la violación de principios jurídicos básicos, convirtiendo el Derecho en un simple ejercicio de dibujo libre. En estos casos se ha violado el derecho del juez natural, el derecho al debido proceso, a la libertad personal, al principio de legalidad y reserva legal y el derecho a recibir una sentencia fundamentada y debidamente motivada.

Por otra parte, la Sala Plena, en sentencia nº 66 del 16 de agosto de 2017, ordenó la detención del diputado (ex-PSUV) Germán Ferrer, sin haber obtenido la autorización previa de la Asamblea Nacional (AN), tal y como lo ordena el artículo 200 de la Constitución, ni haber publicado el texto íntegro de la sentencia, por lo que el condenado no conoce su fundamentación, requisito indispensable para un debido proceso.

Dos principios que deben regir en todo tribunal de cualquier país democrático son la imparcialidad y la independencia de sus jueces

Tal como sostiene nuestra Constitución en su artículo 256. Sin embargo, cuando esos principios no se respetan y los tribunales como sus jueces empiezan a obrar en función de intereses político-partidistas, el ciudadano queda expuesto ante la impunidad y la arbitrariedad.

El TSJ con estas decisiones no solo ha demostrado su dependencia y parcialidad hacia el Presidente de la República, sino también ha usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, quebrantando el principio de separación de poderes que se sustenta bajo el art. 136 de la Constitución. Incluso se ha desconocido la legitimidad de una Asamblea que es el órgano central donde la política y el Derecho se encuentran para la formación de un Estado democrático.

Las comisiones son órdenes de un juez a otro para que practique una diligencia judicial determinada, en caso de no poder hacerlo personalmente o por tratarse de un acto que deba realizarse en el territorio de otro juez. Este tipo de órdenes pueden ser emitidas por el juez según su criterio y las necesidades del proceso que dirige, siempre que lo haga conforme a la ley (artículos 14 y 234 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por esta razón el que la Sala Civil del TSJ establezca un requisito no previsto en la ley, agregando un paso adicional al proceso judicial por medio de un acto de rango sublegal inferior a la ley, como es un oficio, viola la reserva legal (artículo 156.32) y el propio Código de Procedimiento Civil. Asimismo, incurre en usurpación de funciones, al ser el órgano legislativo el competente para modificar la ley y no el judicial.

A las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad antes mencionadas de la decisión de la Sala Civil, se añade otra causa de inconstitucionalidad. Este oficio también afecta directamente a los ciudadanos, porque sus juicios civiles serán aún más lentos cuando requieran de alguna comisión, lo que viola el artículo 26 de la Constitución. En este sentido, la norma constitucional dice que para que haya acceso a la justicia se requiere, entre otros, que esta sea rápida y sin formalismos inútiles. No obstante, el requerimiento de la Sala Civil de enviarle la información sobre las comisiones judiciales que se van a expedir retrasar los procesos y es un requisito que no añade nada al juicio, sino un control judicial que como, ya explicamos, viola la independencia del juez.

Por su parte el presidente de la AN , diputado Julios Borges (PJ- Miranda) también fue  amenazado con la misma sanción, e incitan a abrirle una investigación por incurrir en el delito de traición a la patria, según el primer mandatario Nicolás Maduro.

En el mes agosto, el oficialismo ejerció la mismas medidas a los diputados opositores: Adriana D’Elia (PJ-Miranda) y Luis Lippa (PJ- Apure) para evitar tramitar su candidatura en las próximas elecciones de Gobernadores. Ambos fueron sancionados por la Controlaría General de la República.

Mediante sentencia n° 878 del 21 de octubre de 2016, esta Sala Constitucional declaró referente a la renovación de la nómina de las asociaciones con fines políticos, otorgar un lapso para la reprogramación del cronograma para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados. En el cual se debe verificar la nómina de inscritos a los fines de evitar que se produzca la doble militancia en alguno de ellos, y en caso de producirse, debe pronunciarse inmediatamente y remitir resultas a esta Sala, debido a que el partido político que no cumpla con dicho proceso, ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral sea éste interno de carácter municipal, estatal y nacional.

En vista de lo antes mencionado, la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una nueva sentencia, la n.° 53, en la que ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), cambiar el aviso oficial mediante el cual convocó al proceso de validación de partidos políticos. El motivo de este cambio es excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la doble militancia, lo que a según la Sala está prohibido por la normativa nacional. Acceso a la Justicia reiteró que no existe norma alguna, en Venezuela, que prohíba la doble militancia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) extendió beneficios procesales a compañías donde el Estado tiene alguna participación, así sea minoritaria, y dejó a un lado a las que son manejadas por ciudadanos comunes. La decisión la tomó la Sala Constitucional en su sentencia número 735 del 25 de octubre de 2017, en la cual desechó un amparo que interpusieron los representantes del Banco Mercantil contra el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) en 2009 por un procedimiento que le abrió este último por supuestos errores a la hora de entregar los aportes al Fondo Obligatorio de Ahorro Habitacional (antigua Política Habitacional), correspondientes a sus trabajadores.