Regulación de Precios - Memorias por la vida
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Regulación de precios

El 10 de octubre, el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, luego de sostener reuniones con el sector farmacéutico, anunció la firma de precios acordados para 57 principios activos de medicamentos, en 172 presentaciones comerciales. Sus objetivos principales, según dijo, son la reactivación productiva de este sector y cumplir con la demanda interna de medicinas. El acuerdo se firmó con 15 laboratorios, ocho droguerías y cinco cadenas de distribución farmacéuticas. “Le vamos a dar todo el apoyo y financiamiento a los laboratorios, droguerías y cadenas de comercialización”, comentó. Además, agregó que otro de los objetivos es apuntar hacia la exportación de fármacos. Sin embargo, la Federación Farmacéutica de Venezuela (Ferfaven), desestimó que la aplicación de estos precios sea la solución a la crisis de fármacos. Freddy Ceballos, presidente de la federación, indicó que por parte del Estado se ha planteado subsidio y la vigencia de los costos tenga un lapso de tres meses., pero, insiste: “No hay que buscar precios acordados, sino estimular la producción de medicamentos, para que el país empiece a funcionar”.

El proceso hiperinflacionario que atraviesa Venezuela desde hace un año apremia a los ciudadanos y acaba cada día con el poder adquisitivo. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación en septiembre cerró en 233,3%, por lo que con este resultado la tasa acumulada de diciembre 2017 a septiembre 2018 alcanza 115.824%. Además, los resultados del Indice Nacional de Precios al Consumidor de la AN revelan un incremento de la inflación anual de 488.865%, es decir, desde septiembre 2017 a septiembre 2018. De acuerdo con Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica , tras eliminar Venezuela los cinco ceros al bolívar y luego de los anuncios de Maduro sobre su plan de recuperación, crecimiento y bienestar económico, los precios se dispararon debido a la incertidumbre que generó el aumento del salario mínimo. Solo en la semana siguiente mostraron una variación de 50%, algo inédito en la historia del país.

La arbitrariedad gubernamental agobia a los comerciantes venezolanos. El 25 de septiembre, en entrevista concedida a Vanessa Davies en el programa Por donde vamos que transmite Unión Radio, el primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, aseguró que la fijación de los precios acordados de los productos de la canasta básica no fueron consultados con el gremio: los costos de producción se han disparado más de 1.500 %. «Deberíamos buscar el mecanismo junto con la industria, Gobierno y productores para dar un precio de sustentación a este agricultor que el único ingreso que tiene es esa siembra”, aseguró. El gremio espera poder reunirse con el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, para revisar de nuevo los costos de rubros como el maíz y el arroz.

El mes de septiembre de 2018 comenzó con incertidumbre. Las medidas económicas del Ejecutivo han generado confusión dentro de la población venezolanas. Luego de las fiscalizaciones aprobadas por el Gobierno y efectuadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Tareck El Aissami anunció el ajuste de precios para 11 tipos de cortes de carne bovina.

 Esta medida forma parte de la mesa técnica entre el Gobierno y los comerciantes para complir con la Ley de Precios Acordados y el “Plan 50” promovido por el presidente Nicolás Maduro y se oficializó a través del Decreto Presidencial N° 2.186 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397 de fecha 4 de septiembre. Sin embargo, el ajuste no cuenta con las firmas de los representantes del sector productor privado. Mientras tanto, las neveras de los grandes supermercados y pequeños locales de la capital venezolana, carecen de carnes rojas.

Además, esta misma semana, en Gaceta Oficial nº 6.401fue publicada la lista con los nuevos precios de ocho productos de higiene personal y limpieza. Estos precios fueron acordados y firmados por el Gobierno nacional y 17 empresas venezolanas y extranjeras, entre ellas la Palmolive y Empresas Polar.

La Sundde también va tras la cadena de farmacias Farmatodo. La última semana de agosto, William Contreras, director de la entidad gubernamental, comentó a través de su cuenta oficial de Twitter que “luego de recibir insistentes denuncias a través del 0800-LoJusto en relación a aumentos indiscriminados por parte de la cadena Farmatodo, he ordenado una medida preventiva de ajuste de precios en todas sus tiendas a nivel nacional”.  

La crisis económica no discrimina y las medidas del presidente Nicolás Maduro cada vez afectan a más sectores. A propósito de la regulación de los precios de los productos de primera necesidad, el Gobierno nacional inició un plan de fiscalizaciones a cargo de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que ya lleva 200 detenciones. El plan era evitar que los comercios y abastos remarquen los precios de los productos. El primero fue el gerente del supermercado Plan Suárez, al este de Caracas, a quien acusaron de especulación. También la Sundde, a través de su cuenta de Twitter comunicó la detención de empresarios de los estados Mérida y Portuguesa por «acaparar alimentos y aumentar los precios». El fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que 68 fiscales con competencia nacional en delitos económicos están desplegados en todo el país para garantizar el cumplimiento del plan.

Otro sector que está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas del Ejecutivo nacional, son las personas de la tercera edad, los pensionados. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, informó durante la última semana de agosto, que las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se igualaría al sueldo mínimo integral fijado en 1.800 bolívares soberanos y se cobraría en tres partes, la primera, 1º de septiembre y las siguientes el 7 y el 14. Sin embargo, ese sábado, primer día del mes, las entidades bancarias permanecieron cerradas y varios adultos mayores decidieron trancar calles y avenidas a modo de protesta. Aunque no es la primera manifestación en contra de las decisiones gubernamentales. El miércoles 29 de agosto, los pensionados se presentaron frente a la sede del IVSS en el centro de la capital, para rechazar la nueva forma de pago: ahora las pensiones se cobrarán por medio de la plataforma digital Patria, creada por el Gobierno para registrar los datos de quienes utilicen el carnet de la patria, requerido desde hace unos meses para adquirir la caja de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La billetera móvil es parte de la herramienta creada por Nicolás Maduro, pero los ciudadanos mayores de 55 años prefieren seguir cobrando la pensión sin necesidad del carnet.

Venezuela inicia septiembre con nuevos precios regulados de los productos de primera necesidad. El costo de 25 rubros de la cesta básica fue fijado por decreto del Gobierno nacional y oficializada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.397. Fedecámaras criticó la medida por no haber sido discutida con el gremio de comerciantes y empresarios. La lista incluye carne de res, atún, huevos, harinas de maíz y de trigo, arroz, pasta, aceites, granos, azúcar, café y salsas. El total suma un monto de 1.149 bolívares soberanos sobre un salario mínimo de 1.800 que entrará en vigencia a partir de la primera quincena de septiembre.

En lo que va de agosto de 2018, el presidente Nicolás Maduro ha tomado medidas económicas que afectan a todos los sectores de la población venezolana. Primero, el mandatario anunció la reconversión del cono monetario con la eliminación de cinco ceros en todos los precios. Por ejemplo, un bien o servicio que antes era expresado como Bs. 100.000, ahora deberá ser mostrado como Bs. S. 10 (bolívares soberanos). Días después, comunicó que ambos conos coexistirían y a partir del lunes 20 de agosto. Simultáneamente informó que el carnet de la patria, herramienta ideada por el Estado para regular, por ejemplo, la entrega de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ahora mediaría el subsidio de la gasolina. Según el Ejecutivo, quien no tenga el carnet, deberá pagar precio internacional por el combustible; aún no se ha fijado la tasa. Conductores y usuarios temen el colapso del transporte público a causa del decreto presidencial. Desde el anuncio, muchos venezolanos intentan abastecerse lo suficiente de gasolina, lo que ha generado colas en las estaciones de servicio.

El último decreto de Nicolás Maduro ocurrió el viernes 17 de agosto en horas de la noche, durante una transmisión en cadena nacional. Le comunicó al país que el salario mínimo integral pasaría de Bs. 5.190.000 a Bs. 180.000.000, convertidos en Bs. S. 1.800 de acuerdo al nuevo cono monetario y anclado al petróleo. El 20 de agosto fue decretado día no laborable para que, según Maduro, a los comerciantes les dé tiempo de hacer inventarios y cambiar los precios. Economistas venezolanos aseguraron que el aumento salarial implica el cierre de muchas empresas y el despido masivo de empleados por la imposibilidad de remunerar esa suma de dinero, además, va a extenderse también a las pensiones, va a tener un peso importante para la empresa, especialmente la privada.

El sistema de regulaciones de precios tiene una larga historia en Venezuela. En el 2014 se afianzó aún más con la publicación de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ). La normativa desarrolla la regulación general de precios, costos y ganancias máximas, para así promover el “orden público socialista consagrado en el Plan de la Patria”.

Se aplica a todas las empresas, públicas o privadas, y contiene sanciones para quienes “especulen”.

Según el profesor Jorge Ignacio Hernández la Ley Orgánica de Precios Justos insiste en el ideal de solucionar problemas económicos a través de un sistema general de control de precios, sin atender por ello a la causa verdadera de esos problemas y además retarda el desarrollo de actividades económicas, afectando la oferta de bienes y servicios.

Tres años después de su creación, la LOPJ no ha logrado su objetivo de “defender” a los consumidores y usuarios. Por el contrario, ha presionado a empresarios, quienes han tenido que cerrar las puertas de sus negocios por falta de rentabilidad. Según el primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, en Venezuela han desaparecido más de 500 mil empresas en los últimos 20 años debido a las múltiples complicaciones para ejercer la actividad empresarial. Esto ha generado que en la actualidad haya 85% de escasez de medicinas y 82,8% de desabastecimiento en alimentos.

De hecho, la regulación de los precios solo empeora esta situación y genera aumento en los precios de los productos. Este fenómeno se puede observar en el registro mensual de la canasta básica alimentaria que lleva el CENDA (Centro De Documentación y Análisis) de la Federación Venezolana de Maestros. Según la organización, los productos alimentarios que debe consumir una familia de 5 miembros en un mes costaban un total de Bs. 2.681.464,22 en septiembre de 2017.

Esto representa un aumento de más del 100% con respecto al mes de junio, donde la canasta alcanzó los Bs. 1.229.698, y un aumento de más de Bs. 2.000.00.000 con relación a enero, cuando el CENDA reportó el indicador en 621.106,98 bolívares. 

Los altos precios incluso afectan la alimentación de las mascotas. 1.040.800 bolívares cuesta un saco de 20 kilos de perrarina; el de 10 kilos, cuesta 550.000 bolívares. Se necesitan casi dos sueldos mínimos (Bs. 279.000) para comprar 10 kilos de perrarina. Para comprar el saco de 20 kilos se necesitan casi cuatro sueldos mínimos.

La comida para gatos no es la excepción. 15 kilos de gatarina cuesta 1.200.000 bolívares. Una bolsa de 8 kilos está en 700.000 bolívares en comercios de la ciudad capital.

Asamblea Nacional (AN) anunció que Venezuela cerró 2017 con una inflación de 2.616%, mientras que el índice inflacionario de diciembre ascendió a un 85%. Esto ocasionó, que por los inalcanzables precios de los productos, la Sundde obligara a 214 comercios a colocar los precios de sus bienes como los tenían el 15 de diciembre. Sin embargo, sin ser los precios suficiente bajos como para que toda la población pudiera satisfacer sus necesidades básicas, esto dio lugar a que los últimos días del año y  las primeras semanas de enero se caracterizan por saqueos e intentos de saqueos en varias ciudades del país, así como de la realización de múltiples protestas debido a la crisis humanitaria que viven los ciudadanos. 

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, aseguró que las consecuencias de la decisión del Gobierno en bajar los precios, pueden ser «muy negativas» tanto para los comerciantes, como para los propios usuarios. Aunado a la fiscalización de la Sundde, está el incremento del salario mínimo y la devaluación de la moneda, lo que para Uzcátegui son las principales causas que explican la desestabilización del sector.

Es así como las principales cadenas de supermercados comienzan el 2018 sin los principales productos que come la población venezolana: carnes, quesos, arroz, mantequilla, pan, cereales, productos que en el 2017 solían encontrarse, aunque a un precio mucho más elevado del fijado previamente por el Gobierno.

Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro, responsabilizó a los comerciantes y empresarios de promover una «guerra económica» en su contra, quienes a su juicio han elevado los precios de los productos como una medida para incrementar el descontento de la población venezolana, con el fin de acabar con su mandato.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la canasta básica familiar cerró diciembre de 2017 en 25.123.437, 24 bolívares, lo que equivale a 141,5 salarios mínimos (177.507,43 Bs.F.). Además, la organización determinó la variación anualizada para el período de diciembre 2017 y 2016, la cual es de 3.278,6%, lo equivalente a Bs 24.379.840,36

El 1 de enero el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de 40% en el salario integral, correspondiente a 797.510,4 BsF, que incluye los 549.000 BsF correspondientes al bono de alimentación, primera vez en sesenta años que un salario mínimo es inferior al requerido (660.220 BsF) por día para que una familia consiga alimentarse. Hoy, dos meses después este solo alcanza para comprar un cartón de huevos y un kilo de queso según los precios del mercado Quinta Crespo. Es decir, el venezolano asalariado debe destinar hasta 62 % de su ingreso neto solo para comprar un cartón de 30 huevos que en los mercados cuesta 500.000 bolívares, y que en un año subió 9515 %. El nuevo ajuste salarial representa el 5,3% del precio de la Canasta Alimentaria registrada en enero, cuando se ubicó en 24. 402.767,1 bolívares. Tan solo un mes después, la canasta alimentaria de 58 alimentos llegó a 37.517.912, 13 bolívares, un alza de 53,7% de acuerdo con el Centro de Documentación y de Análisis Social (Cendas) de la Federación Venezolana de Maestros.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) realizada por las principales universidades del país indicó que la pobreza extrema aumentó en Venezuela de 23,6 % a 61,2 % en cuatro años y casi 10 % tan solo entre 2016 y 2017. En el gráfico de barras que aparece en las diapositivas se puede observar que en 2014 la pobreza extrema se ubicaba en 23,6 %, en 2015 en 49,9 %, en 2016 en 51,5 % y en 2017 en 61,2 %. La pobreza extrema se refiere a los hogares cuyos ingresos no les dan para pagar, al menos, el costo de alimentación.

Recientemente, en febrero del año en curso, el presidente de Venezuela anunció el lanzamiento del petro, una moneda virtual respaldada por reservas de petróleo (5000 millones de barriles), oro y diamantes del país. La primera moneda virtual emitida por un gobierno. Según el mandatario, la creación de la criptomoneda responde al bloqueo financiero internacional, por lo que busca evadir las sanciones financieras interpuestas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, hay economistas que piensan que el petro no es otra cosa que una operación de crédito público, es decir otra medida para endeudarse en moneda extranjera.

En Lara el Sundee sancionó a varios establecimientos con multa entre 10 y 60 mil Unidades Tributarias (U.T) por incurrir en Incumplimiento de Formalidades, Vulneración de Derechos Individuales y otros ilícitos de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) al acaparar 65 mil 270 kilogramos de alimentos. Además, inspeccionaron a varios comercios con sobreprecio en los productos y se realizó el ajuste de precios.

En el 2017, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) implementó el Plan Integral de Fiscalización para reajustar los precios en varias tiendas de Venezuela. Esta medida volvió este año y en Carabobo se inspeccionaron varios supermercados y se vendieron más de  102 toneladas de harina de maíz, arroz y pasta a más de 600 personas de los municipios Puerto Cabello y Guacara a “precios justos”.