Persecuciones - Memorias por la vida
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Persecuciones

En los últimos meses la represión y persecución contra manifestantes de la oposición se ha recrudecido, sobre todo luego de la designación del General Gustavo González como conductor de las labores del “Comando Especial de Seguridad Antiterrorista”.

Redadas con las OHLP, allanamientos y detenciones arbitrarias son algunos de los antecedentes del General, quien es el actual director del SEBIN

La represión y el hostigamiento no solo se limitan a la detención de manifestantes, sino que ha llegado a métodos mucho más elevados de intimidación como la instalación de tribunales militares para juzgar a detenidos y el ataque a residencias privadas durante altas horas de la noche, sobre todo en zonas del municipio Libertador, donde está prohibida la protesta opositora. Este patrón se ha visto también en otras ciudades del país, como Barquisimeto y Maracaibo, con lo que se pone en evidencia que se trata de una política de Estado.

Amnistía Internacional informó que las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas, por medio de la implementación de campañas de allanamientos ilegales a viviendas de ciudadanos presuntamente sospechosos de disidencia.

 

Las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados avalados por el gobierno han sido los principales actores de estas violencias con el fin de intimidar y disuadir a las personas de participar en manifestaciones o cualquier otra forma de protesta.

 

Organizaciones locales de derechos humanos, que se han dedicado a recopilar estos datos, indican que al menos se han realizado 47 allanamientos ilegales de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en desarrollo. Un total de 11 estados del país denunciaron dichos ataques y allanamientos: Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Caracas, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa y Zulia.

 

Con la realización de este nuevo método de represión por parte del gobierno al menos 4 derechos humanos son violados: el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso y el derecho de la persona a que se respete su vida privada y familiar, su domicilio y su correspondencia.

Un caso reciente es el de las Residencias El Paraíso. El martes 13 de junio funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron a los edificios mejor conocidos como “Los Verdes” sin orden de allanamiento y causaron daños en los ascensores, en los vidrios de algunos vehículos y en los portones. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, alegó que en la operación se detuvo a 23 “terroristas”. El hecho se dio en medios de protestas contra el Gobierno que se venían registrando en El Paraíso.

El 26 de julio funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la residencia Vegas del Este 1, ubicada en la calle 50 de Montalbán II, en Caracas. El hecho se dio en medio de un paro nacional de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Los funcionarios destruyeron espejos y vidrios del edificio mientras buscaban a manifestantes que trancaron las vías públicas.

Lo mismo ocurrió  en otras zonas del país, como en las residencias Palo Verde, estado Miranda. Efectivos militares irrumpieron a la fuerza tras derribar con tanquetas las barricadas instaladas. El Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) tumbó el portón de la urbanización.

El 20 de agosto fue desmantelada la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Zulia. Delincuentes violentaron el cerco eléctrico y rompieron una ventana de la institución para robar equipos audiovisuales y de prensa.

El secretario general del CNP, Leonardo Pérez, denunció que fueron hurtados los equipos de computación de las áreas de prensa y administración, dejando inoperativa la institución. Los grupos armados se llevaron dos computadoras marca HP, una PC All In One marca Siragon, un televisor LCD marca Sony de 32 pulgadas y un monitor de otra computadora marca HP.

El robo también afectó la operatividad de la Redven (Red Venezolana de Noticias), AsiMismo.com y CNP Zulia Radio, indicó Leonardo Pérez

Abogados de diferentes ONG venezolanas denunciaron una nueva fase de persecución y represión por parte de los organismos de seguridad del Estado en contra de la disidencia venezolana que incluye el aumento de los presos políticos y el acoso a sus abogados y el entorno familiar. Con un saldo para principios de 2018 de 373 presos políticos, de los cuales 235 son personas de la sociedad civil, 82 militares, 17 políticos, 22 estudiantes y 13 son policías. Ante el aumento de la represión del estado Foro Penal ratificó su compromiso Con Venezuela y con los derechos humanos.

Ciudadanos son víctimas de esta persecución arbitraria. Tal es el caso del exalcalde de El Hatillo, David Smolansky, que denunció a la comunidad internacional a través de su cuenta de Twitter que “el Gobierno ha emprendido una cacería de brujas en contra de su equipo de trabajo y sus familiares”. Así mismo desde que Smolansky salió del país, sus trabajadores más cercanos han sido asediados por funcionarios de inteligencia.

 

La presidenta de Human Right Venezuela, Mariela Hernández, aseguró que teme por su vida y la de su familia, luego de haber recibido amenazas e intimidaciones por parte del gobierno venezolano, luego que entregó una serie de pruebas a la Organización de Estados Americanos (OEA) donde presuntamente se sustenta que el expolicía Óscar Pérez fue sacado con vida de la residencia en la que se refugiaba, para minutos más tarde ser asesinado.

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su profunda preocupación ante las recientes amenazas contra la líder del partido Soy Venezuela María Corina Machado, calificando esas acciones como una “muestra adicional de la estrategia sistemática y generalizada que emplea la dictadura para perseguir, intimidar y detener arbitrariamente a las personas que se expresan en contra del régimen”.

 

El exalcalde del municipio San Diego, estado Carabobo, Enzo Scarano, denunció que funcionarios de seguridad lo retuvieron a su salida del aeropuerto de Valencia a través de su cuenta de Twitter. En un mensaje posterior, el exburgomaestre aseguró que ya había sido liberado, pero que deberá presentarse ante los tribunales del estado Vargas el próximo 3 de julio, sin detallar los motivos por los cuales fue ejecutada esta breve aprehensión en su contra.

 

En marzo de 2014, Scarano fue sentenciado a 10 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de no acatar un fallo que lo obligaba a derribar las barricadas que se levantaron en su municipio durante las protestas antigubernamentales de ese año. Mientras que la Contraloría General de la República, lo inhabilitó en 2017 para optar a cargos públicos por un periodo de 15 años, cuya sanción fue cesada por la Sala Constitucional del TSJ el pasado 20 de marzo de 2018.

 

Otro caso es el del primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, que denunció haber sido víctima de una persecución por parte de organismos de seguridad del Estado mientras salía de la sede de la organización en la ciudad de Caracas. A través de su cuenta Twitter, el empresario relató lo que, a su juicio, fue el acoso de un agente estatal que compromete su seguridad y la de su familia.

 

El procurador del estado Miranda, Yahir Muñoz González, solicitó ante el Ministerio Público de Venezuela el inició de una investigación en contra del dirigente opositor de Primero Justicia, Henrique Capriles y que se le prohíba la salida del país.

 

El abogado David Vallenilla padre del joven del mismo nombre asesinado durante las protestas de 2017, denunció que ha sido víctima de amedrentamiento, tras robos y situaciones irregulares. “No se pueden considerar hechos aislados ni casuales ya que además de eso la semana pasada mi oficina fue violentada y retiraron avisos que me identifican como profesional del derecho” agregó y exigió que se avance con investigación sobre estos hechos.

 

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que en medio de la cuarta operación contra ilícitos electrónicos fueron detenidas 134 personas y que faltan 264 personas por aprehender. E  indicó que las detenciones van contra la directiva de Banesco por incurrir en encubrimiento u omisión.

 

De igual forma, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tomaron la Torre Banco Occidental de Descuento (BOD) en La Castellana, cerrando las puertas de acceso e impidiendo la entrada de empleados y visitantes. Hasta ahora se desconocen las causas de estas acciones, sin embargo, se presume tiene que ver con la misma operación contra delitos bancarios, pues este organismo fue el mismo que detuvo a 11 de directivos Banesco.

 

En paralelo a esto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se encuentra allanando las casas y oficinas de los magistrados del TSJ en el exilio, sin orden judicial. Como es el caso de: Miguel A Martin- Valencia, Antonio Marval- Valencia, Pedro Troconis- Barquisimeto, Cioly Zambrano Mérida, Elenis Rodríguez- Maturín, Sabino Zamora- Caracas, Perez Linarez- Barquisimeto y Álvaro Marín- Caracas.

 

En Sesión Ordinaria la AN aprobó la conformación de una Comisión Especial para investigar a profundidad el presunto plan de asesinato contra el diputado Tomás Guanipa (PJ- Dtto. Capital) ordenado por el Gobierno nacional, según lo declarado por Luis Fernando González Seyas, ex guardia de honor presidencial el pasado 30 de abril.

 

Dada la gravedad de las declaraciones de Luis Fernando González Seyas, el Parlamento Nacional acordó solicitar a las autoridades colombianas protección para el ex guardia presidencial por ser considerado el primer testigo del intento de asesinato contra el diputado Tomás Guanipa. Así mismo se aprobó brindarle al parlamentario la asistencia institucional necesaria para requerir las medidas cautelares de protección inherentes al caso.

 

La Comisión encargada de llevar la investigación, estará conformada por las diputadas María Gabriela Hernández (Independiente- Monagas) en la presidencia, Delsa Solórzano (UNT- Miranda) como vicepresidenta, Dennis Fernández (AD- Cojedes), Adriana Pichardo (VP- Aragua) y el diputado José Luis Pirela (MPV- Zulia).

 

La Contraloría General de Venezuela abrió una investigación contra el parlamentario opositor y secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, a fin de estudiar las declaraciones patrimoniales entre los años 2013 y 2017 y verificar ingresos bienes e ingresos actuales. Por su parte, Guanipa expresó que la orden demuestra “la persecución” del Gobierno contra la oposición y aseguró que desde el inicio de su carrera política su patrimonio “lo único que ha hecho es decaer”.

 

Entre 1997 y 2012, Provea contabilizó un total de 11.101 casos de violaciones a la integridad personal; mientras, en los primeros cinco años de la gestión de Nicolás Maduro (2013-2017), el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 30.584.

 

347 personas contabilizadas en 30 denuncias fueron objeto de amenazas u hostigamientos, lo que implica un incremento de 156,3% en las cifras recabadas por Provea, respecto al 2016 cuando se registraron 222 víctimas. En el caso de allanamientos, se registraron 2.559 casos lo que, en comparación con el período anterior, cuando se registraron 763 casos, significa un aumento de 335,3%. Del total de allanamientos ilegales practicados en 2017, el 86,63% se realizaron en el marco de la rebelión popular de abril-agosto de 2017 en zonas residenciales donde se protagonizaron protestas, y tales allanamientos fueron realizados principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), agrupaciones paramilitares, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “detención ilegal” el encarcelamiento de los 59 colombianos que desde hace más de 600 días se encuentran detenidos en Venezuela tras ser acusados por el presidente Nicolás Maduro de planear una conspiración para desestabilizar su gobierno. “Mientras les habían dicho que serían deportados, el presidente Maduro los acusó públicamente de pertenecer a fuerzas paramilitares colombianas”, reseña el informe presentado por el organismo internacional. Además, denuncia que los colombianos fueron encarcelados en la misma celda, en condiciones precarias. No veían la luz del sol y generalmente comían una vez al día, “aunque los detenidos tenían problemas de salud, no recibieron el tratamiento ni la medicación adecuada”, indica el escrito.