Leyes - Memorias por la vida
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LEYES CENSURADORAS

La Constitución de Venezuela comprende garantías específicas sobre los derechos de los venezolanos a la libertad de expresión e información, un ejemplo es la inclusión del artículo 57 que establece: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión”. Sin embargo, en la realidad esto dista mucho de ser así.

En la legislación vigente y en práctica en Venezuela existen dos leyes redactadas y aprobadas por el partido oficialista que han servido de excusa para atacar la libertad de expresión y censurar medios y ciudadanos. Se tratan de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE) que fue aprobada en 2004 por la Asamblea Nacional, y la Ley Constitucional contra el Odio, aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente.

 

La Ley RESORTE estable la prohibición absoluta de mensajes “que pudieran constituir propaganda de Guerra”; “manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”; “destinados a desconocer autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos” o “aquellos que pudieran inducir al magnicidio“. Estos elementos han sido utilizados históricamente para sancionar medios, periodistas y ciudadanos. Como los casos de RCTV en 2007 o la persecución a Teodoro Petkof y su medio Tal Cual.

 

En la Gaceta Oficial N° 41.274 de 8 de noviembre de 2017 fue publicada la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”). Según el abogado José Ignacio Hernández, este instrumento legal “anuncia limitaciones imprecisas y ambiguas a la libertad de expresión”.

 

Según el artículo 14 de esa norma “la difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida”.

 

Agrega Hernández: “En este contexto, la “incitación al odio nacional” es un concepto tan impreciso que, en definitiva, su contenido dependerá de lo que decida, a su libre arbitrio, la “ANC” o los órganos subordinados a ésta. Lo propio sucede con el delito de incitación al odio, previsto en el artículo 20, así como con el delito previsto en el artículo 22, que podría conllevar a la revocatoria de los títulos habilitantes de los medios de radio y televisión”.

Para el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), al menos ocho artículos de esta ley perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y el acceso a la red. Además, IPYS en su análisis recuerda el énfasis que han hecho las relatorías de libertad de expresión de la OEA y de la ONU, en que las expresiones de odio deben encuadrarse dentro de los estándares del derecho internacional y regional. Es decir, ninguna persona debería ser penada por expresar la verdad, ni por difundir expresiones de odio, a menos que se demuestre que las expresiones hayan sido divulgadas con la intención de “incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.

Cuando el Estado no responde a una petición de información, viola el el derecho a la libertad de expresión e impide que la Contraloría investigue sus actuaciones

Entre enero y abril de este año esta legislación se aplicó al menos ocho oportunidades, siendo el 44% de las víctimas periodistas o reporteros de medios de comunicación. Esta legislación viola, al menos, siete artículos de la Constitución y normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, entre sus atribuciones está la pena de hasta 20 años de cárcel por delitos de odio, revoca concesiones de radio y televisión, legaliza el bloqueo de portales web, etcétera.

Ley contra el odio entra en uso, con el primer caso, el 3 de enero de 2018 donde en Carabobo fueron detenidos 2 ciudadanos mientras protestaban junto con su comunidad, por falta de comida y servicios básicos. Sin embargo, estos son los únicos casos que se conocen hasta los momentos.

 

El abogado Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Venezolano en el estado Carabobo, ratificó que este instrumento normativo vulnera los artículos 49, 57, 58, 68 y 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La ley contra el odio también sirvió para que el presidente del Metro de Caracas, César Ramón Vega despidiera a un trabajador de la misma entidad por publicar en su muro de Facebook un mensaje en donde denuncia que el salario que percibe no le alcanza para comprar el detergente para lavar su uniforme. Cinco días después, el trabajador recibió una carta de despido firmada por Ramón Vega, quien alega que el operador cometió faltas graves basándose en el artículo 20 de “La Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”.

La Ley Resorte fue reformada en el año 2005 y como consecuencia, nuevos privilegios a favor del Gobierno fueron adjudicados. Así, la reforma trajo consigo la obligación de los proveedores de servicios de televisión por suscripción de difundir sin coste alguno las señales de las televisoras comunitarias y de los canales del Estado: VTV, Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV) y Corporación Venezolana de Telecomunicaciones (Covetel).

Además de estas dos leyes, existen otras normativas que también han sido utilizadas por el Gobierno, aunque en menor medida, para reprimir a los medios de comunicación. Un claro ejemplo es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), aprobada el 1 de junio de 2000. A partir de su aprobación, las empresas operadoras de radiotelevisión además de poseer la concesión, debían de contar con una habilitación administrativa. Además, el artículo 209 de esta ley establece que el ejecutivo nacional tendrá la potestad para suspender la transmisión de comunicaciones “cuando lo juzgue conveniente a los intereses de la nación, o cuando así lo exigiere el orden público o la seguridad”. Fue esta ley la que le permitió a Chávez sacar del aire a las televisoras que en el 2002, dividieron su pantalla en dos durante la emisión de una alocución oficial del presidente. Contradictoriamente, el artículo 192 establece que el uso exagerado de las alocuciones oficiales suponen una limitación al derecho a la información, pues niega la posibilidad de contar con una programación plural.

La Lotel fue reformada en el 2010 e incorporó nuevos mecanismos que atentan contra la libertad de expresión. La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones le concede al presidente la facultad de revertir licencias para operar estaciones de radio y televisión, por motivos de seguridad nacional. También, supone la reducción de las habilitaciones administrativas y concesiones de veinticinco a quince años. Además, la nueva norma obliga a las personas naturales que tienen una concesión mediante una persona jurídica a contar con una autorización previa de Conatel. Asimismo, los Productores Nacionales Audiovisuales deben de solicitar ante el ente regulador el permiso correspondiente para seguir prestando sus servicios, lo que da sustento legal a la providencia administrativa emitida por Conatel en 2010, que obliga a los canales nacionales, que emiten por los servicios de televisión por suscripción, a trasmitir las alocuciones oficiales del presidente.

Otra de las normas, que ampara los atropellos del régimen es la Ley de Reforma Parcial del Código Penal que entró en vigencia el 16 de marzo de 2005. Esta reforma de ley incrementa las sanciones y penas de cárcel para los delitos de opinión como el vilipendio, la difamación y la injuria. Además, establece una mayor protección para los funcionarios públicos y para sus familiares, ante posibles críticas. Lo que promueve la autocensura, pues las personas se abstienen de emitir comentarios o críticas sobre la diligencia de los funcionarios públicos, por miedo a terminar en la cárcel.

La Sentencia 1013 emitida por el TSJ en 2001, también es un claro ejemplo que sustenta las violaciones a la libertad de expresión que se cometen en Venezuela. Dicha sentencia señala que el derecho a réplica no corresponde a los periodistas ni a los medios, sino a la ciudadanía en general, lo que contradice al artículo 58 de la Constitución que indica que el derecho a réplica corresponde a “toda persona”.

La Ley Orgánica de Educación aprobada el 13 de agosto de 2009 también penaliza el libre ejercicio del periodismo. Por ejemplo en el artículo 50, numeral 12 “se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, la agresividad, la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la moral y las buenas costumbres, la salud mental y física de la población. En caso de infracción, los órganos rectores en materia educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su informe de 2017 sobre la situación de Venezuela dio a conocer su preocupación por la proliferación de normativas que restringen el derecho a la libertad de expresión bajo definiciones amplias y ambiguas de conceptos como: la seguridad nacional, orden público o discursos de odio. Ante esto, la organización exhortó al gobierno de Venezuela la modificación urgente de la legislación venezolana conforme a los estándares internacionales, pues el organismo indicó que parte del ordenamiento jurídico de Venezuela es incompatible con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión.