Impunidad - Memorias por la vida
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Impunidad

La ODH-ULA hizo público su informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre enero a septiembre de 2018. En el documento se evidencia la erosión de la institucionalidad democrática; la erosión del estado de Derecho; la subordinación del poder judicial al poder ejecutivo y la politización del sistema de justicia. 

Además de estas violaciones se encuentran campañas de desprestigio y criminalización; usurpación de competencias a gobernadores electos y restricciones a la participación política en la Región Andina; ataques contra defensores de los derechos humanos; desacato judicial con apoyo de órganos del Estado; impunidad y violación del derecho a la reparación, entre otras situaciones que dejan ver la crisis humanitaria por la cual atraviesa Venezuela.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, acompañó al equipo del ODH-ULA en la exposición pública que dejó al descubierto cómo el Estado venezolano, a través de la justicia, el cerco financiero y paupérrimos salarios, “acaba con la libertad académica y la autonomía universitaria”.

Uno de los puntos fuertes del informe es reseñar la falta justicia para las víctimas de la represión del año 2017, pues refiere que, de las 16 víctimas mortales de las manifestaciones ciudadanas del año pasado, sólo hay detenidos por dos asesinatos.

Actualmente se encuentran impunes el asesinato de los 14 merideños en las protestas, incluyendo funcionarios policiales, así como el caso de Daniel Infante, estudiante de la ULA, quien recibió un disparo en la cabeza mientras estaba a las puertas del edificio donde reside y quedó en estado vegetativo.

Según un informe presentado por Cofavic en octubre de 2016 de 8.196 casos presentados ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales en el año 2013, el 98% no llegaron a juicio. La historia fue semejante en 2014, cuando de 8.049 casos, solo 105 recibieron un proceso judicial; mientras que las cifras no fueron publicadas en 2015.

“En Venezuela, el incremento de la violencia está directamente asociado al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad como un eje transversal”, precisa la institución.

De acuerdo con los datos suministrados por la ONG, las ejecuciones extrajudiciales, como las torturas y tratos inhumanos presentan un crecimiento significativo. De 689 casos registrados en 2013, el número aumentó a 1.396 al cierre de 2015; es decir, más de 100% en apenas dos años y, cabe resaltar, aún no se manejan cifras de este año 2016.

Dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es señalado en el 30% de las oportunidades como la institución responsable de estos actos violatorios. Además, el 99% de los señalamientos de este tipo vincula a hombres, de quienes el 81% son menores de 25 años de edad.

“Se han documentado graves falencias en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos, las cuales, junto con el temor de las víctimas a sufrir represalias, impiden el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los culpables en la mayoría de los casos, creando un clima de impunidad extendido”, explica el documento.

La venezolana Linda Loaiza López, torturada, mutilada, violada y agredida durante un secuestro de cuatro meses da a conocer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La víctima pide declarar al Estado de Venezuela como responsable por la violación de los derechos humanos, la violación a su integridad personal y de su familia, por la falta de garantías procesales y por la falta de sanción de los delitos de violencia sexual, tortura y homicidio frustrado.

 

Esto se debe a que agresor, Luis Carrera Almoina, cumplió una sentencia de seis años y un mes de prisión dictada en 2006 por el delito de lesiones y privación ilegítima de libertad, pero fue absuelto del delito de violación sexual, homicidio frustrado y tortura.

 

Acceso a la Justicia reveló informe con indicadores que demuestran que hay más delitos y menos personas detenidas. Los índices delictivos se han disparado en el país en los últimos años y así lo demuestra la tasa de muertes violentas registrada, que pasó de 82 por cada 100 mil habitantes en 2014 a 89 en 2017.

 

El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels recalcó que una muestra de la poca capacidad de respuesta del Estado frente al delito es la falta de personal clave del sistema de justicia. Con el estudio se muestra que para el año 2006 había 309 policías por cada 100 mil habitantes, y en 2014 (que es hasta cuando hay cifras oficiales en este ámbito), 281 funcionarios, por debajo del promedio (87 policías menos) de 368 efectivos de América Latina en 2011.

 

“Según un informe del Ministerio Público (MP) disponible en Transparencia Venezuela, a principios de esta década se realizaron en promedio entre 80 y 70 mil imputaciones, cifra que subió a más de 200 mil en 2015. A ello ha contribuido la crisis económica que ha pegado tan duro. Tenemos menos policías y el mismo número de jueces de hace veinte años pero el delito se ha multiplicado, por lo que no existe una capacidad de respuesta que se evidencia en la enorme impunidad que estamos viviendo”, añadió Daniels.

 

 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo informó que organizara la instalación de una comisión de encuesta, que se encargará de revisar la violación de los convenios del organismo por parte del Gobierno venezolano.

 

La investigación estará centrada en la violación de los convenios sobre la libertad sindical (convenio 87), la consulta tripartita (convenio 144) y la fijación de salarios mínimos (convenio 26), cuya queja fue presentada por 33 delegados de los empleadores en junio de 2015. En el caso de Venezuela, representada por Fedecámaras.

Casos

La venezolana Linda Loaiza López, torturada, mutilada, violada y agredida durante un secuestro de cuatro meses da a conocer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La víctima pide declarar al Estado de Venezuela como responsable por la violación de los derechos humanos, la violación a su integridad personal y de su familia, por la falta de garantías procesales y por la falta de sanción de los delitos de violencia sexual, tortura y homicidio frustrado.

Esto se debe a que agresor, Luis Carrera Almoina, cumplió una sentencia de seis años y un mes de prisión dictada en 2006 por el delito de lesiones y privación ilegítima de libertad, pero fue absuelto del delito de violación sexual, homicidio frustrado y tortura.

 

Integrantes de Red Naranja y organizaciones de defensa de los derechos humanos demandaron justicia ante el caso de la agresión sufrida por la señora Francis Flores de 54 años de edad presuntamente a manos de su cónyuge Edgar Gavidia Rodríguez, magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Según medios, Gavidia Rodríguez habría golpeado y luego disparado en la pierna a Francis Flores en el estacionamiento de un edificio ubicado en Lecherías, Estado Anzoátegui, para luego abandonar el sitio en su vehículo dejándola herida.

 

Ante este suceso, organizaciones manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que el presunto agresor es y de conformidad con su alta investidura dentro del poder judicial, está llamado a cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, incluida la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal.

 

Juan Pernalete fue uno de los 131 venezolanos que el año pasado perdieron su vida a consecuencia de la represión a la ola de protestas que sacudieron al país a raíz de que el TSJ emitiera dos sentencias (155 y 156) en las que se arrogaba las facultades que constitucionalmente le corresponde al Parlamento; Sin embargo, el Ministerio Público dirigido por Tarek William Saaban anunció la reapertura de la investigación por supuestas irregularidades cometidas durante la gestión de su antecesora Luisa Ortega Díaz, y desde entonces nunca más se ha vuelto a referir a este asunto en sus múltiples comparecencias ante los medios y su despacho tampoco ha informado sobre el avance de esas nuevas averiguaciones sobre las circunstancias en la que fue asesinado el estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas. Los restantes 130 casos no han corrido con mejor suerte, pues hasta ahora los tribunales no han emitido sentencias castigando a los responsables de sus muertes.