Detenciones arbitrarias - Memorias por la vida
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Detenciones arbitrarias

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ofreció cifras desde 2013 hasta 2018 que demuestran que en el Gobierno de Nicolás Maduro se han detenido arbitrariamente a 34.332 venezolanos, siendo la mayoría de ellos habitantes de comunidades populares y manifestantes pacíficos.

 

 

La ONG Acceso a la Justicia difundió una infografía sobre las desapariciones forzadas y como se reproducen de acuerdo a un patrón: en primer lugar, se genera un arresto arbitrario, luego el detenido se queda incomunicado; lo desaparecen por horas, días y hasta meses; los funcionarios, en algunos casos, recurren a los maltratos; los detenidos no tienen derecho a la defensa; los presentan ante tribunales o los liberan sin procesar como en el caso de Lorent Saleh, quien fue sacado del país el 14 de octubre o el de Villca Fernández. Otros aparecen muertos, como el caso del concejal Fernando Albán.

La ONG Foro Penal de Venezuela informó el pasado 22 de septiembre que recibió denuncias de varias detenciones arbitrarias. Una de ellas fue la de Angela Lisbeth Expósito Carrillo, quien tiene nacionalidad española y mantenía bajo su cuidado a las mascotas del coronel García Palomo, señalado como uno de los involucrados en el atentado en contra del presidente Maduro.

Alfredo Romero publicó un vídeo en su cuenta oficial de Twitter donde manifestaba que Lisbeth Expósito también tenía bajo su cuidado al perro del expolicía rebelde Oscar Pérez, conocido por su ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en junio del año pasado y quien fue asesinado en la denominada masacre de El Junquito, que se llevó a cabo el pasado 15 de enero.


De acuerdo a la organización los funcionarios detuvieron a la mujer la madrugada del sábado 22 de septiembre bajo el «cargo de conspiración». Sin embargo, ella no fue la única detenida, el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, a través de una rueda de prensa, informó que tres personas fueron detenidas: Henriberth Enmanuel Rivas Vivas, alias «Morfeo», Ángela Lisbeth Espósito Carillo, alias «La Perrera» y Ramón Velasco García, alias «Corocoro».

 

La organización PROVEA sostiene que con la activación del Plan Zamora las fuerzas de seguridad han implementado nuevas tácticas en sus actuaciones como la dispersión antes de la movilización y la persecución con unidades motorizadas, cámaras y drones para capturar las caras de manifestantes; allanamientos ilegales y trabajos de inteligencia para identificar a miembros de “La Resistencia”.

Los detenidos que han resultado de tales operaciones han sido puestos a la orden de tribunales militares, violando los artículos 49 y 261 de la Constitución que postulan que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal

En este caso debemos ser contundentes: son los militares los que se introducen en el mundo civil, no al revés. Los civiles no pueden cometer delitos militares al actuar en su entorno natural y manifestar en las calles.

Juzgar a los detenidos ante tribunales militares es otra arbitrariedad que viola el principio del juez natural y el del debido proceso, ya que los tribunales militares únicamente podrán ser competentes para conocer de delitos militares, tal como señala el art. 261 de nuestra Constitución. El principio que debemos rescatar es que los civiles debemos ser juzgados por tribunales civiles.

Desde el 1 de abril, inicios de protestas 2017, se registró más de 5.300 detenciones de las cuales casi 1.000 de estas personas aún siguen presas. Alrededor de 600 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Más de 100 venezolanos estuvieron arrestados con orden de libertad bajo fianza.

El 30 de julio, día en el que se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, el Foro Penal confirmó 96 detenciones. La alcaldía del municipio Campo Elías en Mérida fue allanada por la Guardia Nacional Bolivariana y el alcalde Omar Lares fue detenido en su casa. Funcionarios del Plan República detuvieron a la esposa e hijas (menores de edad) del diputado Simón Calzadilla mientras circulaban frente un centro de votación en San Casimiro, estado Aragua.

Un mes después de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) contabilizó 49 personas detenidas en Mérida entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre.

Según sus investigaciones, los detenidos fueron golpeados durante el traslado, se les imputaron cargos falsos sin flagrancia y no se cumplieron con los procedimientos legales correspondientes. En su mayoría, el motivo de las aprehensiones fue por participar en las protestas, pero para otros no hubo justificación, ya que los jóvenes aseguraron no haber manifestado.

El 25 de septiembre funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a tres jóvenes que se encontraban en una manifestación en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la calle Élice y la calle Arturo Uslar Pietri. El sábado 23 se había registrado otra manifestación en el mismo lugar y fue dispersada por la Policía de Chacao. La protesta terminó en el centro comercial Sambil. Según El Nacional, ese día detuvieron a varios manifestantes.

El Foro Penal ha denunciado el delicado estado de salud de más de 53 presos políticos con patologías graves, que son obviadas no solo por parte del cuerpo policial custodio del detenido, sino hasta por los mismos tribunales, que simplemente se abstienen de emitir las órdenes para los chequeos de salud o que muchas veces las niegan.

 

El caso más reciente es el de Tony Real, detenido el 1ero de julio de 2017, acusado de instigación a la rebelión y supuesta sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas en Aragua. Fue trasladado a una clínica el 1° de octubre para ser operado de emergencia de la vesícula, y una vez realizada la intervención quirúrgica, sin darle oportunidad a recuperarse, fue devuelto a la cárcel contra las órdenes de los médicos tratantes, peligrando su salud y vida.

Según informes del Foro Penal el 2017 fue el año de mayor represión de la historia en Venezuela. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se registraron 5.511 arrestos con fines políticos. La mayoría de estos arrestos se produjo entre los meses de abril y agosto. A manera comparativa en 2016 hubo 2.381 detenciones o arrestos políticos, con un aumento de Mil doscientos por ciento (1200%).

FP indicó que ha presentado más de 4 mil denuncias ante el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de las cuales ya se tiene resoluciones de más de 330 casos y recordó que el 15% aproximadamente de las personas detenidas arbitrariamente han denunciado torturas, tratos crueles e inhumanos de diversos tipos.

 

La organización Control Ciudadano dio a conocer su descontento, mediante un comunicado, de las “detenciones ilegales periódicas” por parte del Gobierno nacional a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Hasta los momentos van nueve militares y resaltan que “con estas recientes detenciones, da un paso adelante para intentar blindarse de la amenaza que sabe es a lo interno de la autodenominada FAN chavista, hasta ahora soporte de su propio poder”.

 

A diez se incrementó en el estado Mérida la lista de presos políticos por manifestar su descontento contra el Gobierno nacional, pues a los ocho privados de libertad desde las protestas de 2017 se sumaron este año dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Los Andes (ULA), informó el Foro Penal Venezolano.

 

Director de FP confirmó que en tan solo la semana del 15/04 al 18/04 se han contabilizado al menos 15 nuevos presos políticos. De los detenidos más conocidos está el caso de politólogo Vasco Da Costa, José Luis Santamaría y otras 5 personas que pertenecían al Movimiento Nacionalista liderado por Da Costa.

 

Luego de denunciar que Maracaibo estuvo 72 horas sin electricidad el presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo, fue detenido por funcionarios Sebin. Junto a él de igual forma arrestaron al jefe de prensa del partido Un Nuevo Tiempo, Leonel Reyes y otros miembros de la organización política.

 

11 gerentes de Banesco fueron detenidos por el Gobierno Nacional acusados de presunta comisión de captación, legitimación de capitales y asociación para delinquir. De momento, hombres se encuentran recluidos en el retén de La Planta, en El Paraíso; mientras que a las mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. El grupo de directivos privados de libertad son: Carlos Lorenzo, Marcos Ortega, Óscar Doval, Jesús Irasquin, Teresa de Prisco, Liz Sánchez, Pedro Pernia, Cosme Betancourt, David Romero, Belinda Omaña y Carmen Lorenzo.

 

La abogada defensora Ana Leonor Acosta denunció que hasta la fecha 102 civiles están siendo juzgados ante instancias militares y más de 20 presos políticos están en grave situación de salud que no reciben el tratamiento adecuado porque no los trasladan a centros de salud. Acosta señaló que “en Venezuela existe retardo procesal, se encarcelan a venezolanos con pruebas falsas y sin derecho a la defensa. Por eso pedimos ante el Ministerio Público que debe velarse por el correcto cumplimiento de los juicios y que se garanticen los derechos fundamentales en los procesos judiciales”.

 

Amnistía Internacional advierte que, en Venezuela, existen distintos patrones mediantes los cuales se detiene de forma arbitraria a disidentes políticos o a quienes son percibidos como tales. Estos patrones van desde las detenciones sin órdenes judiciales, ni en situación de flagrancia; el uso de tipos penales ambiguos y de interpretación discrecional; el procesamiento de civiles ante tribunales militares; hasta el desconocimiento de órdenes de liberación de personas privadas de su libertad emitidas por la autoridad judicial por parte de los custodios u otros agentes estatales.

 

Numerosas denuncias sobre las condiciones inhumanas en las que están recluidas muchas de estas personas, en diferentes cárceles del país incluyen lugares ilegales de reclusión. Entre las declaraciones se encuentran la falta de acceso al agua, alimentos o a la luz solar. En muchas ocasiones se suspenden visitas y se aíslan e incomunican a las personas sin motivo alguno. Estos patrones de detención arbitraria forman parte de una política de represión que incluye también el uso de la fuerza de forma excesiva.

 

Los registros de Foro Penal y Human Rights Watch dan un balance de que en 2017 al menos 757 ciudadanos fueron procesados por la justicia militar, mientras que en el primer trimestre de 2018 Foro Penal reporta que ya suman 27 las personas presentadas y juzgadas por esa jurisdicción.

 

Estas arbitrariedades llevaron a las ONG Acceso a la Justicia, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para denunciar la aplicación irregular del fuero castrense en el país.

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la detención de un grupo de militares acusados de “conspirar” para dar un “golpe de Estado” e intentar en su momento “que se suspendieran las elecciones del 20 de mayo pasado” e indicó que la “conspiración” para dividir a los militares y evitar las elecciones presidenciales, estuvo financiada y dirigida desde Colombia con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. No obstante, aseguró que el grupo ha sido “desmembrando” y todos sus integrantes confesaron “haberse vendido y entregado a los traidores”.

 

Abogados y familiares de militares detenidos injustificadamente por parte del régimen de Nicolás Maduro, asistieron a una reunión realizada ante la comisión permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN), para solicitar que sean garantizados los derechos de sus defendidos. Franco Casella, diputado a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática por el estado Miranda, anunció que desde la AN se seguirá luchando por la libertad de cada uno de los ciudadanos que han sido víctimas de detenciones arbitrarias por parte del régimen, “nosotros vamos a elevar la voz por cada uno de los familiares que están denunciando las graves torturas y violaciones de los DDHH, de todos sus familiares presos injustamente”.

 

Por otra parte, el abogado y defensor de los Derechos Humanos, Alonso Medina Roa, alertó ante la sesión y los diputados integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que los militares no fueron considerados ante la írrita asamblea nacional constituyente, y la Comisión de la Verdad que la antecede, por no ser parte del grupo de presos políticos. “Nos llama mucho la atención que suceda esto, porque hay militares en delicado estado de salud como es el caso del General Oswaldo Hernández, el caso del Coronel Gámez, a quienes se les debería otorgar una medida humanitaria (…) entendiendo que cada uno de ellos son presos políticos, de acuerdo al delito por el que son juzgados (…) son delitos de naturaleza política; es decir, son los presos políticos por excelencia”, así lo aseveró el abogado.