Destitucion de magistrados - Memorias por la vida
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Destitución de magistrados

En diciembre del año 2015 la Asamblea Nacional designó a los 13 magistrados del TSJ. De los candidatos escogidos, solo cuatro cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) para ocupar el cargo. En enero del 2016 la gestión de una nueva AN determinó que había que “dejar sin efecto” el nombramiento de los magistrados actuales por haber sido arbitrario e ilegal según la LOTSJ.

No obstante, la Sala Constitucional del TSJ decidió que la AN no tenía legitimidad para remover a los magistrados

Sino que requería del apoyo del Poder Moral para hacerlo. Según la ONG Acceso a la Justicia, no se trata de una destitución, sino de calificar los vicios ocurridos en el procedimiento que llevó al nombramiento.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no firmó la selección de los magistrados y en junio de 2017 introdujo un recurso en el TSJ para impugnar su nombramiento. La Sala Constitucional lo rechazó y la Fiscal introdujo un antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional por el delito de conspiración contra la República. Este recurso también fue declarado sin lugar.

La Asamblea Nacional designó en el mes de abril una comisión de diputados que se encargó de gestionar la postulación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La juramentación de 13 magistrados principales y 20 suplentes se realizó el viernes 21 de julio, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que estableció que todas aquellas personas que fueran designadas incurrirán automáticamente en el delito de usurpación de funciones.

Según la Asamblea Nacional, el 25 de julio funcionarios del Sebin detuvieron a los magistrados Jesús Rojas (Sala Electoral) y Zuleima González (suplente de la Sala Constitucional) en el estado Anzoátegui. El sábado 22 ya se había detenido al magistrado Ángel Zerpa (Sala Político Administrativa). Miguel Ángel Martín, Magistrado Principal de la Sala Constitucional del TSJ, huyó de Venezuela y llegó a Estados Unidos con solo una maleta. El magistrado Ramsis Ghazzaoui se encuentra en la clandestinidad.

Nicolás Maduro dijo que los nuevos magistrados son “ilegítimos” y que serán sancionados: «Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender», afirmó.

Los artículos 264 y 265 de nuestra Constitución que faculta a la AN para nombrar y remover a los magistrados del TSJ. Sin embargo, debido al quebrantamiento del principio de separación de poderes contenido en el art. 136 constitucional, la Asamblea Nacional por consecuencia de las decisiones de la Sala Constitucional ha quedado inhabilitada para ejercer sus funciones propias.

Por el contrario, tenemos un TSJ que ha reiterado sus violaciones a la Constitución al usurpar las funciones de la AN e incurrir en la desviación de poder, según los artículos 138 y 139 de la Constitución. Además, compromete la seguridad jurídica de cada uno de los venezolanos al designar a magistrados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos en la abogacía tal como establece el art. 37 de la LOTSJ.


El viernes 13 de octubre, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional se instalaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, conformando así una nueva instancia judicial venezolana en el exilio. En el acto de instalación asistieron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una representación del Parlamento Europeo, la Federación Interamericana de Abogados (FIA), y los alcaldes venezolanos exiliados. El presidente de esta instancia judicial será el magistrado constitucional, Miguel Ángel Martín.


“La instalación de este TSJ abre el camino para recuperar la democracia en Venezuela. Ellos tienen la fundamental tarea de dar sentido a la justicia nuevamente en el país, una justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen», expresó Almagro.

Por su parte, Miguel Ángel Martín, señaló que realizarán planes para la justicia transicional Venezuela. Destacó que trabajarán en conjunto con las universidades, colegios profesionales, la academia de Ciencias Políticas y Sociales y con otros grupos involucrados en la conciencia jurídica del país.

 

Acceso a la Justicia considera conveniente aclarar algunas dudas que flotan sobre la constitucionalidad y legalidad de este evento. Precisaron que los magistrados electos por la AN no configuran un “nuevo TSJ” ni mucho menos uno paralelo. De hecho, el parlamento sólo eligió a 13 magistrados principales y 20 suplentes para suplir a los nombrados de manera “exprés” en 2015.

 

Además, recuerdan el principio de la territorialidad o espacio geográfico. El texto constitucional establece que Caracas es el asiento de los órganos del Poder Nacional. En esta misma forma, el artículo 6 de la Ley Orgánica del TSJ dispone que la capital es “el asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de que, en Sala Plena, resuelva ejercer provisionalmente las funciones del Tribunal en otro lugar de la República”.

 

Es decir, para que las decisiones que adopten los funcionarios legítimamente investidos sean válidas y eficaces deben estar sujetas al cumplimiento de este principio que delimita geográficamente el ejercicio de las funciones de los órganos de los poderes del Estado.

 

Por ello, creen que no sería correcto sostener que los magistrados instalados en el exilio tienen jurisdicción para actuar o ejercer competencias desde el exterior, como tampoco podría asegurarse que las decisiones que tomen tengan realización real en Venezuela.