Desapariciones forzosas - Memorias por la vida
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Desapariciones forzosas

Según la Corte Penal Internacional, se entiende por desaparición forzada la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

La ONG Cofavic sostiene que la detención de Yon Goicoechea podría configurar el crimen de desaparición forzada.

La noche del 14 de octubre, la hermana de Luis Lugo Calderón, Estela Lugo, denunció a través de un video que su hermano fue recapturado. Al mismo tiempo, un hermano de Carlos Esqueda, otros de los implicados en el “Golpe Azul” que habían sido liberados el pasado jueves 11, también informó sobre la detención arbitraria de su padre y su cuñada. 

Lugo Calderón, junto con su papá y la novia del oficial, estarían recluidos en la sede de Boleíta, en el municipio del estado Miranda, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La mujer denunció a través de un mensaje audiovisual compartido en su cuenta de Twitter que teme por la vida e integridad física de sus familiares y responsabiliza al Gobierno nacional de lo que pueda ocurrirles.

Tanto Lugo como Esqueda forman parte del grupo de cuatro militares excarcelados el jueves pasado por orden de un tribunal de ejecución militar. Junto a ellos fueron liberados Ricardo Antich y Petter Moreno; todos se habían declarado culpables de participar en el “Golpe Azul” en un juicio celebrado el pasado mes de junio. 

Según el hermano del primer teniente de la Aviación Carlos Esqueda, Jefferson Esqueda, su cuñada y su papá fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este fin de semana, después de que el jueves el oficial, acusado y sentenciado por tribunales militares de participar en el llamado Golpe Azul en el 2015, fue liberado.

El dirigente del partido Voluntad Popular Yon Goicoechea fue detenido en agosto del 2016 por el Sebin. De su aprehensión se supo a través de denuncias e informes extraoficiales, ya que en principio ningún vocero del Estado la confirmó. Tres días después su abogado anunció que el político había sido acusado de posesión de material explosivo que presuntamente iba a ser usado en la marcha del 1 de septiembre y que permanecería bajo prisión.

“Estuvo desaparecido durante 56 horas. Lo pude ver por primera vez el 31 de agosto, pasadas las 5:00 pm, luego de interponer una acción de habeas corpus ante el tribunal”, recordó el abogado defensor Nizar El Fakih, quien agregó que ha ejercido otras cuatro acciones de amparo, entre otras innumerables denuncias. “Las tres primeras acciones de amparo fueron desechadas sin motivación alguna. En diciembre de 2016, ejercimos la cuarta ante la Corte de Apelaciones, y en julio de 2017 la quinta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre estas dos últimas, sencillamente, no ha habido respuesta”, precisó El Fakih tras cumplirse un año de la detención de Goicoechea.

La hija del general retirado del Ejército Raúl Isaías Baduel denunció que su padre es víctima de desaparición forzosa por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, quienes lo trasladaron de forma irregular desde la cárcel de Ramo Verde hasta el Sebin de Plaza Venezuela, aunque no han podido verificar su permanencia en «La Tumba».

El ODH-ULA detectó luego de la instalación de la ANC, entre agosto y septiembre, la desaparición de nueve personas, presuntamente manifestantes, a quienes el Cicpc, les obligó a cancelar altas sumas de dinero y entregar cauchos nuevos para las camionetas de la institución. Una de las víctimas informó que nunca los trasladaron a la sede del Cicpc y fueron liberados, a las horas siguientes, tras cancelar entre 600 mil y un millón de bolívares.

La desaparición forzada de personas ha sido condenada por casi todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; por tratarse de uno de los mecanismos de opresión más significativos utilizados por los estados arbitrarios y totalitarios para imponerse.

Por su parte, nuestra Constitución indica expresamente en su artículo 45 que “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Incluso agregar que los funcionarios públicos a quienes se les pida que la practiquen están en el deber desobedecer cualquier orden en ese sentido so pena de incurrir en responsabilidad.

No deja de llamar nuestra atención el hecho de que, esta previsión constitucional haya sido representado una de las novedades progresistas de la Constitución de 1999 y que sin embargo, sea el propio régimen revolucionario el primero en violarlo flagrantemente.