Censura en Radio - Memorias por la vida
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Censura en Radio

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el 9 de octubre, ordenó la salida del aire del programa Gente de Palabra, transmitido por Unión Radio  90.3 FM y conducido por Alonso Moleiro y Esteninf Olivarez. Moleiro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: “A Conatel le molestó, entre otras, que yo haya dicho que en este país no se hicieron unas elecciones limpias, decentes y justas, y que la sociedad democrática debería pedir que se repitan, que se hagan, unas verdaderas elecciones presidenciales. Como las de antes”

En Venezuela, incluso la inseguridad, impide la libertad de expresión. Las emisoras Mundial 860 AM y la Radio Cultural del Táchira salieron del aire luego  de que sujetos no identificados ingresaran a las instalaciones de esos medios de comunicación y dañaron los equipos.  El hecho se registró el miércoles 3 de octubre en horas del mediodía. Nelson Chacín, director de Mundial 860 informó que la salida del aire obedece a que ambas estaciones de radio se emiten por una antena, que al estar conectada a un dispositivo diplexor permite que ambas señales puedan coexistir sin interferir la una con la otra. No es la primera vez que ocurre: en febrero de este año, sujetos no identificados irrumpieron en la planta transmisora de la estación localizada en Toiquito, municipio Guásimos, para destruir, cortar y arrancar cables.

El 27 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora zuliana Super 95.3 FM debido a que la concesión está vencida. Jony Rahal, diputado de la Asamblea Nacional, denunció: “No sólo la sacaron de la frecuencia radioeléctrica sino que se robaron los equipos”.

En 2017, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró 40 emisoras. De acuerdo con el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), el argumento del ente gubernamental ha referido irregularidades en los permisos para operar en el espectro radioeléctrico. Sin embargo, la investigación determinó que «la ley vigente en materia de telecomunicaciones dmite una política de silencio administrativo que atenta contra el derecho humanos a la libertad de expresión, lo cual permitió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones interrumpir de formalegal la transmisión de al menos 45 emisoras en distintas regiones durante 2017».

Además, «la gran mayoría de las emisora afectadas en 2017 necesitan obtener un permiso legal por primera vez, pero no han recibido mayor respaldo por parte del gremio radiofónico, que ha expresado apoyo hacia las estaciones que requieren la renovación de sus licencias. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, tampoco parece haber advertido ese punto: en la reforma a la Ley que presentó en 2016 se proponía la extensión automática de los permisos (concesiones), pero no respuesta oportuna a nuevos solicitantes.

Según el reportaje, a un año de la ola de cierres, casi la mitad de las emisoras sancionadas por Conatel permanece sin señal; la otra, volvió al aire pero todavía espera por la atención del Estado.

(…) Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas. Y en este caso, en Venezuela el pueblo es el Gobierno».

En Agosto del 2009 Conatel sacó del aire a 34 emisoras de radio. El entonces presidente de la comisión, Diosdado Cabello, reconoció que la medida respondía a las órdenes del presidente Hugo Chávez: «Recibimos la instrucción del comandante de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio mediático, y lo vamos a hacer. 

Para ese momento operaban 472 estaciones en el país. 79 eran propiedad del Estado y 243 eran comunitarias. Entre estas últimas, 59% transmitían en frecuencia modulada y 51% en onda media y formaban parte de alguna cadena de radio. La más grande de todas pertenecía al Estado: Radio Nacional de Venezuela, que agrupaba a 73 emisoras.

Dentro de las principales causas, por las que a las emisoras no se les renovó la concesión, figuran: el fallecimiento del titular de la licencia o el incumplimiento en la exposición de los datos de los nuevos operadores de las emisoras en aquellos casos en que las concesiones hayan sido traspasadas. A pesar de que en un principio el procedimiento administrativo afectó a 285 licencias, 34 fueron las sancionadas, de las cuales 10 pertenecen al Circuito Nacional Belfort (CNB). Cabe destacar que algunos dueños de los medios afectados aseguraron haber cumplimentado la actualización de la documentación, sin embargo los trámites fueron revocadas por improcedentes.

Con el paso de los años se ha mantenido la censura y la persecución contra los dueños de medios que manifiestan posturas políticas disidentes al régimen, mientras el Gobierno mantiene el verdadero monopolio de los medios y cercena el derecho a la información.

Las emisoras han sido uno de los medios más afectados, en su mayoría en el interior del país (44), pero sin excluir a la capital (2). En mayo de 2017 el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez, informó que el 70% de las emisoras que presuntamente instigan a la guerra y al odio operan sin ningún tipo de autorización legal. En consecuencia, el ente realizó visitas de revisión para verificar la documentación y los equipos de la radio, corroborando la validez de los permisos.

Según el documento presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP), en el 2017 cerraron 49 medios de comunicación audiovisuales en Falcón, Cojedes, Yaracuy, Lara, Táchira, Zulia y Miranda, 46 son emisoras de radio y 3 son canales de televisión. Entre los casos más recientes está la emisoras 92.9 fm y la emisora Mágica 99.1 fm, las dos cerradas el 25 de enero por ordenes de Conatel, aunque no hubo un pronunciamiento oficial se cree que la medida respondería a la no renovación de la concesión. En lo que respecta a la emisora 92.9 fm, la señal fue sustituida por “Radio corazón llanero”, una fundación gubernamental y en relación a la señal de Mágica 99.1 fm, fue sustituida por Radio Vinotinto FM.

Ante esto, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza escribió un artículo de opinión en el que asegura que el bloqueo y cese de canales de comunicación en Venezuela constituyen una forma de restringir la libertad de expresión en el país, así como la instalación de un modelo de Gobierno autoritario, que busca imponer un único relato ante los ciudadanos. En cuanto al cese de las emisoras de radio indicó: “Todo parece indicar que la estrategia es dejar vencer los plazos de las licencias de todos los medios, no habilitar procedimientos transparentes de renovación o acceso a las frecuencias e ir cerrando selectivamente radios críticas para diseminar un efecto inhibitorio y de autocensura en las que van quedando abiertas”.

De igual manera la CIDH en su informe de 2017, denunció el cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial distinta a la del Gobierno, pues esto supone suprimir de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional. “Si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas”, indicó el texto.

Dos casos recientes son: el de Radio Mundial 860 en San Cristóbal del estado Táchira y el de La Visionaria 104.7 FM del estado Cojedes. En cuanto al primero, el Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTP) indicó que hombres armados entraron a las instalaciones de la emisora y durante el ataque cortaron la conexión del displacer de enlace del transmisor, dejando fuera del aire a la emisora regional. En relación al segundo, es la tercera vez que esta emisora en menos de un mes recibe ataques por partes de desconocidos, esta última resultaron destrozados los ventanales pertenecientes a la fachada de la emisora.

La directora del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, en el marco de la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en América del Sur”, indicó que entre agosto de 2013 y febrero de 2018, 54 medios (emisoras y canales de televisión) fueron clausurados u obligados a trabajar en la ilegalidad mediante la negación de la renovación de sus licencias. La líder del instituto aseveró que en Venezuela existe una situación de inseguridad jurídica en el sector radioeléctrico debido a que el gobierno impide a emisoras y canales renovar sus licencias a menos que cambien su línea editorial. “La mayoría eran emisoras de radio que funcionaban en sectores populares que eran los medios de denuncia más inmediatos de sectores vulnerables”, denunció Balbi en la sesión 167 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá.

Según el informe 2017 de la organización Espacio Público, a lo largo de ese año salieron del aire 8 canales de televisión, 54 emisoras, y 17 medios impresos, 6 de manera indefinida, que dejaron de circular por falta de papel. Entre las emisoras que dejaron de circular, están los casos de las que tuvieron que hacerlo por la imposibilidad de reponer los equipos que desaparecieron tras ser víctimas de robos.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa la emisora Nuestra 100.7 FM de Ciudad Bolívar fue desmantelada. La semana pasada, el locutor Albert Torres emitió un comentario contra el presidente Nicolás Maduro durante su programa “En tres y dos”. La grabación del comentario fue la justificación de Conatel y la Guardia Nacional para llevarse el transmisor, la consola, las computadoras, el ecualizador y los micrófonos de la emisora, ubicada en la capital del estado Bolívar.

El director general de la Fundación Redes, Javier Tarazona, indicó que dos nuevas emisoras de radio pertenecientes a la guerrilla colombiana iniciaron transmisión desde territorio venezolano con influencia en varios municipios del Táchira. Con estas suman en total cinco emisoras de radio de los grupos subversivos que operan en frecuencia abierta. A pesar de que se emitió una denuncia ante Conatel, la institución no ha tomado medidas contra esta situación que viola los artículos 13, 15 y 327 de la Constitución.