Agresiones y detenciones a periodistas - Memorias por la vida
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Agresiones y detenciones a periodistas

La arbitrariedad con la que el gobierno de Nicolás Maduro pretender censura la libertad de expresión y el derecho a denunciar azota incluso a quienes forman parte del sistema. El pasado 7 de octubre y bajo una falsa promesa de entrega de electrodomésticos fueron dejados detenidos y acusados por “traición a la patria” 15 funcionarios de la Guardia Nacional del Destacamento 351 de San Fernando de Apure luego de presuntamente difundir un video, en agosto de este año, donde denuncian las precarias condiciones de trabajos que poseen. “Nos llega el agua hasta la cintura y rodilla. Hay agua pareja”, expresaron los efectivos, describiendo los daños causados por las  lluvias en el estado Apure, en el puesto fronterizo de Buenavista y que afectan sus dormitorios, cocina y el resto de las áreas comunes del puesto. La ONG Espacio Público rechazó la aprehensión y aseguró que grabar y difundir un video ejerciendo el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y social, no es motivo de detención, ni es un delito.

Dos días antes, el 5 de octubre, funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, enfermeras del hospital Luis Razzetti del estado Anzoátegui, luego de que éstas participaran en distintas protestas exigiendo mejoras en el sector salud. Según el comunicado difundido por el Colegio de Enfermería de ese estado oriental, las enfermeras estarían detenidas por mandato del diputado Angel Luis Rodriguez Gamboa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) quién ordenó la inspección.

Cada día aumentan las agresiones contra periodistas. Quienes trabajan para los medios de comunicación trabajan a riesgo, pues el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de los cuerpos de seguridad del Estado, dificulta el acceso a la información y la libertad de prensa.

La coordinadora de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), Mariengracia Chirinos, explicó al medio digital Efecto Cocuyo que septiembre fue “un mes muy difícil” para el ejercicio periodístico en el país.

El 25 de septiembre, Reynaldo Mozo fue detenido durante 40 minutos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Vargas, para impedir que tomara los testimonios de los pacientes que querían asistencia en el buque hospital chino. 

El martes 25 de septiembre, el periodista de Efecto Cocuyo, Reynaldo Mozo, fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando entrevistaba a pacientes del buque hospital chino “Arca de la paz” en el puerto de La Guaira, en el estado Vargas. Logró reportar a Efecto Cocuyo su detención e informar que fue llevado al comando de la GNB, donde le retuvieron su credencial, documentos de identidad, mientras que los militares intentaban apoderarse de su teléfono.

El 24 de septiembre, la periodista Carmen Inojosa y el camarógrafo Luis Morillo, del portal digital Crónica Uno, fueron intimidados y hostigados por grupos afectos al gobierno durante la cobertura de la instalación del sistema biométrico en las bombas de gasolina en el municipio Chacao de Caracas. «Me pude fijar que en las diferentes estaciones de servicio estaban, al parecer, funcionarios de PDVSA, se identificaban así, pero más bien eran personas que me intimidaban cuando le estaba haciendo las preguntas a la persona que tenía el aparato biométrico para el nuevo sistema de pago”, señaló la periodista en una entrevista realizada por la ONG Espacio Público.

Ese mismo día, funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), alrededor de las 6 de la mañana le quitaron el pasaporte al periodista Isnardo Bravo cuando se trasladaba a llevar a su hija mayor a la ciudad de Miami, Estados Unidos, para que pasara los días que le restaban de vacaciones junto a su hermana. Pasadas las 10 de la mañana funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo trasladaron a la sede del organismo militar en Boleíta.

Aunque presuntamente lo detuvieron por el caso Óscar Pérez, para que no converse ni escriba sobre su asesinato, debido que era su amigo; varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de la integridad de comunicadores sociales tanto venezolanas como internacionales se pronunciaron frente al caso. El periodista fue liberado pasadas las 3 de la tarde.

Con respecto al caso, Alfredo Romero, director del Foro Penal, refirió que el hecho es una violación más a los derechos humanos del venezolano: “La persecución política es algo sistemático. Es lamentable que hoy en día existiera, y pareciera que ya no sorprendiera, las detenciones arbitrarias contra algunos dirigentes opositores o periodistas. Para él “Isnardo Bravo es un periodista de tradición en Venezuela y yo le quiero pedir la solidaridad a las demás organizaciones de Derechos Humanos, que ya sé que varias se han pronunciado al respecto; pero también toda la solidaridad a todo el mundo del periodismo”.


Bravo es el tercer periodista en el mes de septiembre que se ve afectado por la arbitrariedad de organismos del Estado o personas afectas al oficialismo: Nelson Bocaranda fue despojado de su pasaporte en el aeropuerto internacional de Maiquetía; el fotoperiodista Jesús Medina fue detenido y se encuentra en la cárcel de Ramo Verde.

Durante la cobertura de la detención, equipos reporteriles de distintos medios de comunicación fueron retenidos y revisados sus equipos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta, estado Miranda. El equipo de Caraota DigitalNTN24Venezolanos por la Información (VPITv) y VenePress fueron llevados a una carpa en el interior del organismo. Los periodistas retenidos fueron: Irene Mejias, Luis Gonzalo, Ana María Rodríguez y Luis Laya.

El 18 de septiembre de 2018, la ONG Espacio Público registró tres intimidaciones a periodistas en el estado Táchira. Las periodistas Mariana Duque, del portal de noticias El Pitazo, y Lorena Bornacelly, de VPI Tv, no les permitieron reseñar que habían llegado alimentos al Hospital  Central de San Cristóbal. Ese mismo día la periodista de web y televisión Zulma López también sufrió un intento de limitación de cobertura en una estación de combustible de San Cristóbal, estado Táchira. La periodista empezó a grabar desde la acera de la calle las largas colas para surtir gasolina cuando un militar que custodiaba la bomba se acercó para impedirle que continuara el registro audiovisual.

Tres días después, durante la cobertura periodística de una protesta en las adyacencias del Ministerio de Educación, ubicado en el municipio Libertador de Caracas, el periodista del portal informativo NTN24, Luis Gonzalo Pérez, fue agredido por un sujeto desconocido quien se aproximó hasta Pérez con la intención de apuñalarlo por estar grabando los hechos.

El ataque a la prensa proviene desde los altos mandos. El 18 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro hostigó al periodista Esteban Rojas de la Agencia de Prensa Francesa (AFP), durante una rueda de prensa internacional que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El mandatario se negó a responderle una de las preguntas que le realizó el periodista de AFP, sobre la detención de dos bomberos en el estado Mérida, luego de que difundieran un video donde comparan a Maduro con un burro.

El artículo 51 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Este derecho está estrechamente ligado a la libertad de expresión.

El 10 de septiembre, funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Secnamecf) impidieron la entrada de los periodistas a los espacios de la morgue y le negaron información sobre la fuente. Yuliana Palmar resaltó que los trabajadores de la morgue no quieren que digan que no hay formol para la preparación de cadáveres y que tienen dos años sin recibir una biopsia, porque están los aparatos dañados. Además, agregó que las cavas tienen dos meses dañadas. 

El martes 11, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) amenazó a María Jesús Vallejo, periodista y a Rayner Peña, fotoperiodista, ambos del medio digital El Pitazo, con partirles el teléfono y la cámara si grababan una protesta por fallas con el transporte en el centro de Caracas. Sin embargo, una vez que le aseguraron que eran de la prensa, dejó de molestarlos.

También van en aumento las detenciones a profesionales de la prensa. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) retuvieron al camarógrafo del medio Venezolanos Por la Información (VPI), Edgar Hernández, cuando hacía unas fotografías y unos videos sobre la toma de varios cuerpos de seguridad de la estación del metro La Rinconada, ubicada en Caracas, el 11 de septiembre. Al día siguiente, en la región andina del país, dos miembros de la Dirección del Cuerpo Nacional de Bomberos (CNB) del estado Mérida fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por la grabación de un video donde comparan al presidente Nicolás Maduro con un burro. En el video se muestra a un burro que es arreado por la estación número 8 de Apartadero, en Mérida, donde está ubicada. El narrador indica que se trata de una “inspección” de Maduro a la sede del cuerpo de bomberos.

Tampoco tienen derecho a la libertad de prensa los corresponsales de otros países. El viernes 14 de septiembre, tres periodistas -una argentina y dos británicos- fueron detenidos por militares venezolanos en la localidad de Paraguachón (noroeste), fronteriza con Colombia, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Fueron liberados ocho horas después. Las autoridades gubernamentales no han emitido comunicado alguno al respecto.

La censura, la intimidación y el hostigamiento hacia los trabajadores de la prensa, con el gobierno de Nicolás Maduro, arrecia semana tras semana. La primera semana de septiembre estuvo marcada por la agresiones de los organismos de seguridad del Estado. El miércoles 5 de septiembre, la policía del municipio Mariño, en el estado Nueva Esparta, desalojó a los periodistas que se encontraban haciendo cobertura en la dirección de Salud de la entidad. La periodista de Televen y reportera de El Pitazo, Lisbeth Miquilena, fue empujada por funcionarios.

Ese mismo día, en Barquisimeto, estado Lara, el periodista Yorvi García denunció que fue perseguido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), luego de concluir la protesta gremial convocada en rechazo al cierre de medios en la entidad. De acuerdo con la denuncia realizada por Espacio Público, García se dirigía a su casa y a tres cuadras de la Defensoría del Pueblo, en la entidad, fue interceptado por unos motorizados identificados con placas oficiales de la GNB; tuvo que resguardarse en un local cercano y luego en una funeraria, espero por un tiempo que no hubiese nadie en la zona para poder salir.

Aunque la hostilidad no solo va de parte de cuerpos policiales y el oficio periodístico cada vez implica más riesgos. El viernes 7 de septiembre, el periodista Anderson Piña y su camarógrafo Ángel Zambrano del diario El Informador fueron agredidos, secuestrados por varias horas y amenazados por unos comerciantes del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), cuando realizaban su trabajo periodístico de investigación sobre los precios del sitio. Luego de que un vendedor lo golpeara por tomar fotos del local, el periodista pidió a su camarógrafo que borrara las imágenes para evitar más inconvenientes y que no le robaran las cámaras; sin embargo, otro joven identificado como Johán Dorante junto a otro grupo de personas empezaron a golpear a Zambrano, el camarógrafo se cayó al suelo y como pudo se liberó, pero la cámara ya había sido destrozada.

En medio de una emergencia humanitaria, aumenta la necesidad de registrar violaciones de derechos humanos y con esta, los intentos por callar o amedrentar a los profesionales de la comunicación. Jesús Medina Ezaine, reportero gráfico de DolarToday, fue detenido el miércoles 29 de agosto por funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), cuando realizaba un trabajo especial sobre la crisis del sector salud en el Hospital Universitario de Caracas (HUC) junto a dos periodistas extranjeros. El viernes 31 de agosto, el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó a IPYS Venezuela que el Tribunal 13 del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra el fotoperiodista; fue imputado por los supuestos delitos de “Legitimación de Capitales, Asociación para Delinquir, Lucro Ilegal de Actos de la Administración Pública e Instigación al Odio”. No es la primera vez que Jesús Medina Ezaine es detenido. En noviembre de 2017, IPYS Venezuela registró que el reportero gráfico se vio forzado a huir hacia Colombia después de que el Sebin lo detuviera, a él y a los periodistas extranjeros Roberto Di Matteo y Filippo Rossi, mientras realizaban un trabajo de investigación acerca de la situación en la cárcel de Tocorón, del estado Aragua. También, durante la última semana de agosto, Carlos Suniaga, corresponsal de Venezolanos Por la Información (VPITv) y de Unión Radio, sufrió dos intimidaciones por parte de los organismos de seguridad del Estado. El viernes 24 de agosto en horas de mediodía, acompañado por el camarógrafo José Medina, le negaron grabar imágenes sobre las inundaciones que afectan Ciudad Bolívar. Días después, el miércoles 28 de agosto impidieron que grabara la fiscalización de un supermercado en Puerto Ordaz. El periodista explicó a IPYS Venezuela que fue al mercado a comprar pero cuando se dio cuenta del procedimiento comenzó a grabar videos con su teléfono celular. Cuando lo interceptaron se identificó como prensa; le dijeron: “La próxima vez ten cuidado. No puedes grabar todo así sin decirnos, te podemos llevar detenido”. El martes 4 de agosto, durante una protesta de trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ubicada en La Campiña, la periodista, Ana Rodríguez informó que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que intentaban impedir la manifestación, la amenazaron con golpearla y detenerla a ella y a su camarógrafo, Edgar Hernández, si no se iban del lugar, alegaron que estaba prohibido grabar allí.

 

Medianálisis estudió la situación del periodismo en Venezuela durante el primer semestre de 2018. De 350 periodistas encuestados, proveniente de medios impresos y digitales, televisión y radio, 189 (54%) expresaron que la línea editorial ha traído problemas al medio. 44% (154 periodistas) considera que ha ocasionado alguna de las distintas agresiones entre las que resaltan las amenazas personales (21,7%), ataques a la integridad física (19,2%) y las detenciones ilegales (12,3%). En 31,8% de los casos se denunciaron agresiones físicas a medios y 14,5% retención de equipos. La mayoría de las agresiones fueron denunciadas por trabajadores de la televisión (72,7%) y 40% de los comunicadores encuestados aseguraron que los problemas enfrentados por el medio afectaron en gran medida o totalmente el desempeño de sus funciones. Más de la mitad señaló al Gobierno como fuente de las agresiones: 27% a grupos de civiles armados pro oficialismo y 24% a cuerpos de seguridad del Estado. 

El sábado 4 de agosto, durante la intervención del presidente Nicolás Maduro en el acto conmemorativo por el 81 aniversario de la Guardia Nacional, explotó un drone. Acto que fue calificado más tarde, por las autoridades oficialistas, como un atentado contra el Ejecutivo. Equipos reporteriles de Vivo Play, TV Venezuela, Globovisión, Telemundo, Agencia AP, Caracol, así como periodistas y corresponsales extranjeros independientes, fueron detenidos de manera arbitraria cuando intentaban realizar la cobertura informativa de los hechos. En total, fueron 11 trabajadores de la prensa, según la denuncia realizada por el SNTP.  

Entre enero y julio de 2018, se han registrado 213 agresiones contra profesionales de los medios de comunicación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) contabilizó 24 detenciones y 61 actuaciones violatorias de la libertad de expresión, de información y del derecho al trabajo que tienen como victimarios a los cuerpos de seguridad del Estado.

SNTP: entre el año 2012 y los primeros meses de 2018, unos 1.328 periodistas se han ido de Venezuela a causa de la crisis del país y las riesgosas condiciones que implica ejercer la profesión en el territorio, donde la falta de garantías para el ejercicio y la permanente persecución, hace cuesta arriba el oficio los reporteros.

El 18 agosto de 2016 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a los periodistas Andreína Flores y Jorge Luis Pérez Valery por grabar en un área perteneciente al “corredor presidencial”. Los periodistas, despojados de sus documentos, fueron trasladados hasta Fuerte Tiuna para rendir declaraciones. 

A lo largo de marzo-agosto 2017 tuvieron lugar una ola de protestas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia tomara la decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, lo que a su vez, se agudizó con la convocatoria ilegal a una Constituyente. La cobertura durante las protestas fue limitada tanto por los funcionarios de seguridad, como por los civiles armados (mejor conocidos como colectivos). Así, las intimidaciones, agresiones físicas, robos y detenciones arbitrarias de periodistas fueron una constante.

Ejemplo de ello son los ocho casos de agresiones a periodistas durante los meses de marzo y mediados de abril: Robinson Rojas, periodista de Caraota Digital detenido por el Sebin el 22 de abril mientras cubría la marcha del este de Caracas; Brian Vidal, periodista de El Impulso agredido el 10 de abril por la Guardia Nacional mientras grababa una manifestación en Barquisimeto; Yonathan Guédez, periodista de la Alcaldía de Iribarren en Barquisimento detenido el 10 de abril; Román Camacho, periodista de El Impulso agredido por la Guardia Nacional el 10 de abril mientras cubría una manifestación en Caracas; Elvis Flores, camarógrafa de VPItv detenida el 6 de abril cuando cubría una manifestación en la capital, Elyangélica González periodista de Univisión y Caracol Radio agredida el 31 de marzo por la Guardia Nacional; Ana Vargas, periodista de Capitolio TV agredida el 30 de marzo por la Guardia Nacional y Marcos Bello, reportero de Reuters agredido por civiles durante cobertura del 31 de marzo frente al TSJ,

Uno de los casos más conocidos por su amplia viralidad es el de Elyángelica González, quien fue corresponsal de Univisón y Caracol Radio en Venezuela. En marzo de 2017 se encontraba cubriendo una protesta estudiantil en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ, cuando la Guardia Nacional le pegó, la pateó y la tiró al suelo. Hoy en día la periodista se encuentra en el exilio, consecuencia de un intento de secuestro de su hija.

El 31 de mayo fueron agredidos seis reporteros gráficos de distintas agencias y medios durante la cobertura de una manifestación en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Entre las víctimas estuvo Francisco Bruzco, de Crónica Uno, quien fue robado por funcionarios de la GNB.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio de 2017 agredieron a 376 trabajadores de prensa. 238 de esos casos fueron documentados y 170 fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, se contabilizaron 33 detenciones ilegales en el mismo período.

Entre el 20 y el 27 de julio se evidenció un incremento en las agresiones a trabajadores de la prensa, enmarcadas en una nueva etapa de protestas de calle que, además de marchas y concentraciones, ha incluido dos paros cívicos y huelga general de trabajadores.

Según la ONG Espacio Público, durante el primer paro cívico, ocurrido el 20 de julio, ocurrieron 20 violaciones al derecho a la libertad de expresión, donde se contabilizaron 16 víctimas. En 4 de estos casos, los victimarios fueron manifestantes, en el resto fuerzas de seguridad pública (incluyendo 3 detenciones arbitrarias).

Posteriormente, en la manifestación convocada por la MUD hacia el TSJ el sábado 22, resultaron heridos 6 periodistas de distintos medios producto de la represión desmedida de los cuerpos gubernamentales. Estas agresiones ocurrieron en Bello Campo, Caracas.

El 26 de julio, primer día del paro cívico de 48 horas se registraron 5 casos y 8 violaciones del derecho a la libertad de expresión, una de las víctimas solicitó no ser identificada. Uno de estos casos fue la detención de dos periodistas y la agresión a otros dos en el Zulia, estos profesionales forman parte del equipo de la diputada Desiree Barboza.

Entre enero y septiembre de 2017, se registraron  634 casos/situaciones en las que se vulneró el derecho humano a la libre expresión, lo que corresponde a un total de 887 violaciones. Esto representa un aumento del 259% respecto al mismo periodo del año 2016. Ubica al 2017 como el periodo con mayor cantidad de violaciones al derecho registradas en 16 años, por superar al 2014, que con 350 casos se mantuvo como el ciclo más adverso para la práctica periodística y la libre difusión de información. Ambos periodos conflictivos se enmarcan en masivas jornadas de protestas de calle.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de 2017 sobre los derechos en Venezuela, indicó que en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social el trabajo periodístico es fundamental para mantener a la población informada sobre los acontecimientos que ocurren, por lo que el Estado debe garantizar que quienes se encuentren trabajando no sean detenidos, agredidos, amenazados o perseguidos. “Los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen”, indicó el informe.

A lo largo del 2017 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 498 agresiones a periodistas y 66 detenciones. La cifra aumentó 26,5% con respecto al 2016, cuando contabilizó 360 ataques contra profesionales de la información. La mayoría de las agresiones del 2017 (273) se produjeron durante los meses de abril a julio, momento en el que tuvo lugar una ola de manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, que dejaron un saldo de 125 muertos. Además, el informe asegura que el 70% de las agresiones durante las protestas fueron efectuadas por los militares y policías.

Los periodistas siguen siendo víctimas de agresiones y robos en Venezuela. Durante los primeros 29 días del 2018, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) registró una veintena de casos de limitaciones a la labor periodística en el país. Entre las violaciones registradas por la entidad, destacan la amenaza que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le hizo al periodista Darvinson Rojas mientras cubría un suceso, agredido también por el reportero de La Iguana TV, Luis Hugas, quien habría amenazado a Rojas vía Twitter previamente.

Adicionalmente, está el caso de Gregory Jaimes, periodista de Caraota Digital, quien fue agredido junto a su camarógrafo durante la cobertura de una protesta en las inmediaciones del Hospital de los Magallanes de Catia en Caracas. El periodista se encontraba grabando la manifestación y cuando se el camarógrafo se acercó a grabar las declaraciones del director del hospital, el doctor Juan Carlos Marcano, este le hizo señas para que dejara de grabar y fue cuando el resto de personas los empezaron a empujar.

Recientemente, el jueves 1 de marzo de 2018 siete trabajadores de medios fueron detenidos cuando se encontraban en las adyacencias de la casa del preso político Leopoldo López. Las detenciones se llevaron a cabo luego de que la activista y esposa del líder político, Lilian Tintori denunciara la intromisión del Sebin en su vivienda, sin ningún tipo de orden judicial. A pesar de que el motivo de la detención no fue aclarada, el periodista de Venemundo, Luis Gonzalo Pérez indicicó en entrevista para Espacio Público, cómo había sido la detención. “Cuando vamos llegando los funcionarios del Sebin nos encañonaron, nos detuvieron a la derecha, de manera abrupta detienen al resto de los compañeros, éramos para entonces cuatro personas” expresó. Asimismo, detalló que fueron sometidos a una requisa por parte de los funcionarios. “Nos quitaron las credenciales, nos sacaron todo, nos quitaron los teléfonos celulares, las cédulas y dejaron a un lado las cámaras luego de sacarles las memorias” indicó.

Este año la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha restringido el acceso de la prensa al hemiciclo de sesiones del parlamento. Esta semana, al menos cinco trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos por funcionarios de la GNB. En reiteradas ocasiones, por órdenes del coronel Bladimir Lugo, se negó el acceso de los equipos de prensa que cubrirían la sesiones de la Asamblea Nacional donde se debatirían temas de interés público. Un ejemplo, fue la sesión especial donde se debatió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio de emitir un antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro.

Las coberturas sobre temas migratorios han sido limitadas a lo largo de los últimos meses. Ejemplo de ello es la retención del fotógrafo del portal El Estímulo, quien fue abordado por funcionarios de la Guardia Nacional cuando se encontraba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores tomando fotos sobre el proceso de apostilla. Con estas prácticas el gobierno busca invisibilizar el drama que los venezolanos viven a diario cuando acuden a los organismos autorizados para legalizar sus documentos con intenciones de emigrar.

Según el informe 2017 publicado por la organización civil Espacio Público sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, el año 2017 se caracterizó por ser el periodo con mayor cantidad de violaciones al derecho registradas en los últimos 16 años. A lo largo de este periodo se registraron 708 casos en los que se vulneró este derecho, lo que corresponde a un total de 1002 violaciones, un aumento del 173% respecto al mismo periodo consultado el año anterior. La modalidad más frecuente para violar la libertad de expresión fueron las intimidaciones, agresiones y ataques con un total de 534 casos. Durante los meses de protestas (abril-julio) se registraron 490 de los casos, es decir el 69% del total de situaciones registradas en el año 2017. A lo largo de este año, 59 personas resultaron detenidas, por registrar o difundir información, la mayoría de casos durante la cobertura de protestas, lo que representa el 80% del total de detenciones registradas durante el año.

Una nueva protesta por la falta de insumos y medicinas terminó en la agresión a profesionales de la comunicación social en el Hospital Vargas por parte de los colectivos. Varios manifestantes y periodistas quedaron atrapados entre el grupo armado que, posteriormente, secuestraron al camarógrafo del canal VivoPlay, Héctor Sánchez. Durante los acontecimientos, el camarógrafo de Univisión, Alejandro Molina, fue herido. Aunque Sánchez fue liberado, le robaron sus equipos de trabajo.