Actuación de instituciones públicas - Memorias por la vida
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Actuación de instituciones públicas 

El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) degradó a la Defensoría del Pueblo a Categoría B. Esto significa que la institución no satisface los Principios de París debido a su falta de independencia, autonomía y desempeño respecto a la violación de derechos humanos.

Esto ocurrió, aún cuando para el 2015 ya el Subcomité había advertido de una degradación si no se pronunciaba sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El 22 de junio Tarek William Saab condenó públicamente el asesinato de los jóvenes Fabián Urbina y David Vallenilla durante las protestas y aseguró que la Defensoría iba a investigar lo sucedido.

Con la sentencia 469 el TSJ dio acceso a la Defensoría a todos los actos de investigación del Ministerio Público. Tareck William Saab calificó esta decisión como histórica, dijo que sentaba un precedente positivo nacional e internacionalmente y que era un paso a favor de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El sábado 5 de agosto Alfredo Ruiz Angulo fue designado como defensor del pueblo, luego de que Tarek William Saab renunciara a su cargo para ejercer como fiscal general de la República tras la destitución de Luisa Ortega Díaz como resultado de un antejuicio de mérito. “La Defensoría del Pueblo seguirá en el trabajo que le ha tocado y queda en buenas manos, porque según la Ley orgánica de esta instancia, queda el director ejecutivo encargado, Alfredo Ruiz”, dijo Saab durante su designación ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Nuestra Constitución señala en su artículo 280 que el Defensor del Pueblo es quién se encargará de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en el país. Para ello, tiene una serie de atribuciones bastante explícitas, tales como i) investigar de oficio o a instancia de parte las denuncias que reciba por violaciones a los derechos humanos, ii) proteger los derechos humanos de las personas contra arbitrariedades y desviaciones de poder y iii) instar al Fiscal General de la República para que intente acciones contra funcionarios públicos que hayan sido responsables por violaciones a los derechos humanos.

No pronunciarse sobre la totalidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país, apoyar decisiones de la Sala Constitucional que comprometen la estabilidad del Estado de Derecho y omitir instar a la Fiscal General de la República sobre las violaciones cometidas por parte de funcionarios, conllevan a la violación reiterada de derechos humanos por parte de la Defensoría y a la responsabilidad internacional del Estado venezolana por permitir tales hechos.

Venezuela tuvo la peor nota en el Índice de Presupuesto Abierto del International Budget Partnership, un ranking mundial que evalúa la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos. 0/100 es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, por el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado. Ranking coloca a Venezuela en la posición 110 de 115 países evaluados y la última de toda América.

Esto quiere decir, que los ciudadanos no tienen manera de acceder a los documentos presupuestarios básicos para entender en qué se gasta el dinero y ejercer los controles necesarios del país.

El World Justice Project (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países, entre los cuales Venezuela repitió el último lugar, ya que la ocupó también en el estudio del año 2016 del ranking, en base a ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Mientras, según el Índice de Democracia anual de The Economist Intelligence Unit (EIU), Venezuela pasó a un “régimen autoritario” en 2017, con una puntuación de 3.87 en la escala del 0 al 10, debido a que el Presidente Maduro ha relegado la Asamblea Nacional, encarcelado a opositores y reprimido violentamente las protestas.

Como si fuera poco la Fundación Gaceta Forense, bajo la tutela directa del magistrado Maikel José Moreno Pérez, recibió a pocos días de terminar el año Bs. 107 mil millones de bolívares, equivalente a 33 millones de dólares a tasa Dicom, con lo que su presupuesto anual se incrementó 241.943%.

 

Aunque la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.340 del 15 de noviembre de 2017, demuestra este importe a la institución no se conoce en qué se gastó tal suma de dinero en tan poco tiempo, aun cuando es una de las tantas informaciones que debería reflejar el informe de Memoria y Cuenta 2017; sin embargo, tanto el máximo tribunal del país, como casi ningún poder de la Nación, ha publicado siquiera el correspondiente al año 2016.

 

Por quinta vez Transparencia Venezuela presentó su índice de transparencia respecto al 2017 a alcaldías y concejos municipales. En el mismo se destacó que 143 de las 150 alcaldías (95%) obtuvieron una calificación menor a 50 puntos sobre 100. Entre los aspectos más importantes de las evaluaciones, se destaca que 97% de las alcaldías no rinde cuentas de su gestión de manera permanente. Además, se evidenció que 80%no tiene normados sus procedimientos, existe poco acceso a la información y muy pocas alcaldías poseen canales para denuncias de corrupción.

 

En el caso de los concejos municipales, 129 de 150 (86%) quedaron por debajo de 50 puntos. En los mismos se evidenció que el 49% no presenta informes de rendición de cuentas, la participación del ciudadano está poco regulada. Además, cerca del 90% no ofrece canales de denuncias de corrupción y el acceso a la información es muy deficiente en la mayoría de los procesos evaluados para este índice. Los resultados tanto para alcaldías, como para concejos municipales, dan una visión de la gran vaguedad que domina las instituciones públicas.

 

 

Según la ONG Familia Metro, desde 2015 se han ido más de mil empleados por razones políticas y por las malas condiciones salariales; pese a todo ello, denuncian que la nómina actual sobrepasa los 11 mil trabajadores, pues mientras ésta se ha multiplicado 231,57%, la red de estaciones operativas apenas ha crecido 25%, con los 12,97 kilómetros inaugurados de las líneas 3, 4 y 5 en los últimos 20 años. También se trata de un problema gerencial y de continuidad en las políticas públicas. En sus primeros 22 años la compañía Metro de Caracas tuvo dos presidentes y se construyeron 40 estaciones. Entre 1999 y 2018 han pasado 15 ejecutivos por la compañía dependiente del Ministerio de Transporte y solo se han construido 9 estaciones en Caracas y 4 en el Metro Los Teques. El Metro de Caracas aunque fue diseñado para transportar a 700 mil usuarios, moviliza diariamente 2.5 millones de personas a través de todas sus líneas.

 

 

En informe anual del Centro Mundial de Competitividad de la escuela de negocios IMD, presentó un informe que incluye el ránking de los 63 países más competitivos del mundo, donde siete casillas son ocupadas por naciones latinoamericanas, entre ellas Venezuela en el último lugar por segundo año consecutivo.

 

El estudio explica que los países de América Latina deberían tener una estrategia de competitividad a largo plazo que se enfoque no sólo en el crecimiento económico sino en lo social y educativo. La falta de previsibilidad de las políticas, gobernabilidad corporativa, transparencia en el gobierno y la corrupción, son aspectos que afectan a la región, según lo explicado por el economista sénior de IMD, José Caballero.

 

El deterioro institucional que padece Venezuela ha desembocado en un proceso sostenido y progresivo de restricción de los derechos humanos en el país. La Constitución, en su artículo 56, estipula que “toda persona tiene derecho a obtener documentos públicos que comprueben su identidad”, lo que supone que todo venezolano puede optar de manera oportuna a una partida de nacimiento, cédula de identidad o pasaporte, pero la realidad es que los organismos del Estado no están garantizando la obtención de ninguno de ellos.

 

El trámite del pasaporte es el caso que más reclamos acumula en reseñas de medios de comunicación y redes sociales. Los testimonios van desde dramáticos relatos hasta denuncias de cobros de sumas exorbitantes para optar a tener un documento nuevo para viajar o incluso emigrar.

 

Los problemas en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y extranjería (Saime) datan de por los menos 2016, año en el que el director del organismo, Juan Carlos Dugarte, se comprometió en dos ocasiones diferentes a resolver la escasez de material que para la fecha mantenía en retraso –de hasta ocho meses– la emisión del instrumento para entrar y salir del país.

 

Pese a las promesas, la crisis se agudizó en 2017, pues la contracción económica –que afectó la importación de insumos para elaborar pasaportes– se unió al fuerte flujo migratorio de venezolanos, haciendo colapsar el sistema, y generando a su vez una fuerte trama de corrupción, que en algunos ámbitos ha sido reconocida por propio el Ministerio Público.