Acceso a la información - Memorias por la vida
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Acceso a la información

Aunque en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, según la ONG Transparencia Venezuela en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución, los códigos de Justicia Militar, de Ética del Periodista y de Procedimiento Civil.

Sin embargo, en lo que va de 2018, se ha recrudecido la privación del accesos a la información. El 11 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a través de Juzgado 11° en Caracas envió una notificación al periodista Roberto Deniz Machín, de Armando.Info,  prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos. De acuerdo con denuncias de la ONG Espacio Público, la decisión del Juzgado y la exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios electrónicos implican el establecimiento de censura previa, evitando que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). En febrero de este año, los cuatro periodistas fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que distribuye alimentos a precios subsidiados para los venezolanos.

En estas normativas se indica la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones de forma transparente.

En la práctica esto no se cumple. La violación al acceso a la información ha sido una constante a lo largo de los gobiernos de Chávez y Maduro. Así, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, en donde la oposición salió victoriosa, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado bajo el nombre de “Cobertura de medios de comunicación en Centros de Votación-Lineamientos”, con el que se pretendía regular la cobertura electoral. Ese mismo día, se registraron, hasta horas del mediodía, once denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

En el 2016 la ONG Espacio Público puntualizó el problema de acceso a la información únicamente en temas de salud, suministro de agua y arco minero. Se contabilizaron al menos 10 casos en los que la organización y las comunidades enviaron cartas a las autoridades competentes para obtener respuestas concretas sobre la escasez de medicinas, los programas y avances en materia de salud sexual y reproductiva, las fallas en el suministro y la mala calidad del agua y los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para concretar el proyecto del arco minero. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

Un claro ejemplo de esto ocurrió en el marco de la Consulta Popular del 16 de julio de 2017. Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Libertad de Expresión denunciaron que el pasado 13 de julio Conatel ordenó a los medios de comunicación que se abstuvieran de hacer referencia la consulta popular que tuvo lugar el 6 de julio de 2017. Entre otras cosas se le prohibió a medios radioeléctricos calificar como “plebiscito” o “consulta popular” la actividad, así como fomentar su participación en ella. 

Esta acción estuvo acompañada de la amenaza de revocar la concesión a los medios que no acataran esta orden ilegal, lo que representa un acto de censura no justificada y una violación a la libertad de expresión tanto de los medios –quienes tienen derecho a informar– como de los ciudadanos quienes tienen el derecho a recibir información veraz, imparcial y oportuna.

En el contexto de la realización de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017 ocurrieron diversos abusos contra la prensa. La censura alrededor del proceso inició el día 27 de julio con la denegación de credenciales a medios locales y el 28 Venezuela negó la entrada al país al periodista argentino Jorge Lanata.

El 29, el día anterior a la jornada, la presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, anunció que los medios de comunicación no podrían pasar del perímetro de seguridad de 500 metros alrededor de cada centro de votación. 

Todas estas denuncias fueron respaldadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un comunicado hecho público “hace un llamado al Estado venezolano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Según el análisis de Transparencia Venezuela 2017 realizado en 150 alcaldías del país, sobre riesgos de corrupción en los municipios el promedio es de 15,77 sobre 100 puntos, lo que pone en evidencia la nefasta situación de transparencia en las alcaldías de Venezuela. El Índice de Transparencia de Alcaldías ITA 2017 contiene la evaluación de ocho procesos medulares, correspondientes a tres áreas de gestión local: Finanzas Públicas, Hábitat y Ciudad, y Recursos Humanos, bajo cuatro elementos fundamentales: la lucha contra la corrupción, el acceso a la información pública de calidad, la existencia de datos abiertos (Open Data) y la participación ciudadana.

Según el reciente estudio publicado por la International Budget Partnership (IBP), Venezuela ocupa el último lugar en cuanto al ranking mundial de la gestión de los gobiernos en la administración de sus recursos. La entidad evalúa durante casi dos años (agosto de 2016 y enero de 2018) la falta de transparencia en las cuentas públicas de los estados y Venezuela obtuvo como puntuación un cero. Ante esto, Transparencia Venezuela se pronunció. “Cero es la puntuación obtenida por el Gobierno nacional por la falta de transparencia en las cuentas públicas, que tiene su origen en el cerco informativo levantado en torno a las finanzas del Estado, lo que ha permitido un manejo abusivo del dinero de todos los venezolanos”, denunció la ONG venezolana.

La voluntad del Gobierno en impedir que los medios de comunicación cubran hechos noticiosos que afecten a la imagen del Estado ha sido una constante a lo largo de estos últimos años. Así, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el paso de los periodistas que se dirigían el pasado 15 de enero a El Junquito para cubrir el operativo de captura de Óscar Pérez, en donde resultaron nueves personas muertas.

Otro caso que evidencia lo mencionado anteriormente, es el del equipo reporteril de los medios: El Pitazo, Diario Versión final y Televen, a quienes efectivos de la Guardia Nacional les impidió la cobertura de la situación que se vive en la frontera con Colombia, sobre todo en la región de Paraguachón, perteneciente a La Guajira colombiana. Según el periodista de El Pitazo, Algimiro Montiel, el funcionario de la Guardia Nacional les indicó que la prohibición de realizar trabajos periodísticos en esa zona se debe a órdenes de sus superiores.

La situación sobre el derecho de acceso a la información pública en Venezuela preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial, pues Venezuela, a diferencia de los otros países de la región, no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Por ello, en el último informe de 2017, la organización que vela por los derechos humanos exhortó al Estado venezolano a adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con el objetivo de que los ciudadanos puedan tener las herramientas necesarias para controlar el funcionamiento estatal, la gestión pública y la corrupción.

A pesar de que en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los venezolanos al acceso a la información pública, existen otras normativas vigentes que contemplan este derecho, además de lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los códigos de Justicia Militar, de ética del Periodista y de Procedimiento Civil. Estas normas contemplan la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones a los ciudadanos y la obligación de dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos sobre informaciones vinculadas a la gestión y que de una u otra manera generen impacto en su calidad de vida.

Según el informe publicado por la organización civil Espacio Público, a lo largo del 2017 esta entidad realizó nueve talleres de “El Pueblo Pregunta” en Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Portuguesa y Yaracuy. Como resultado se redactaron 25 peticiones de información sobre diversos temas de interés para los ciudadanos, sin obtener ninguna de las peticiones respuesta por parte del gobierno venezolano.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela indicó a través de un informe que en el 2017 tuvieron lugar 283 restricciones de acceso a la información de interés público. Según esta entidad, el gobierno venezolano se dedicó a condicionar las libertades informativas a través de las fuerzas de seguridad del Estado. En relación al acceso a la información de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia se le atribuyeron 146 casos, seguidos por los afines al oficialismo con 26 y por los civiles armados con 23 limitaciones.

Si algo ha sabido hacer el gobierno venezolano en los últimos años ha sido limitar el acceso a la información pública, y 2017 no fue la excepción. El año pasado hubo un incremento preocupante de los niveles de opacidad en los distintos órganos y entes del Poder Público bajo la mirada complaciente del Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, de acuerdo con el más reciente informe de corrupción de Transparencia Venezuela.

 

El capítulo opacidad: la regla impuesta desde el alto Gobierno, precisa que en 2017 no se hicieron públicos los resultados de la gestión de los órganos y entes del Poder Ejecutivo, tampoco se entregaron las memorias y cuentas de los ministerios correspondientes al año 2016. Además, la Ley de Presupuesto 2017 que no fue presentada ante la Asamblea Nacional sino ante el TSJ, y que supuestamente fue publicada en una Gaceta Oficial, no estuvo disponible.

 

Una de las cosas que más resalta del capítulo de opacidad es la anuencia del TSJ frente a la actuación de los entes que limitan el derecho de acceso a la información pública. Transparencia Venezuela precisó que en 2017 el Poder Judicial dictaminó en contra en 99% de los casos de amparo que se intentaron desde distintas ONG en temas de acceso a información básica como salud, inflación, importación de medicamentos o sueldo de funcionarios.

 

La organización también destacó que el año pasado se incrementó el desinterés de los funcionarios públicos en dar debida respuesta a las peticiones de información presentadas por los ciudadanos, pues a pesar de que hasta agosto de 2017, Transparencia Venezuela presentó 130 peticiones de información ante diversos órganos y entes del Poder Público (nacional, regional y municipal), solo obtuvo 14 respuestas, es decir, solo 11% de las solicitudes realizadas fueron atendidas.