Libertad de circulación confiscada para el periodista Isnardo Bravo - Memorias por la vida
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Libertad de circulación confiscada para el periodista Isnardo Bravo

Libertad de circulación confiscada para el periodista Isnardo Bravo

El lunes 24 de septiembre el periodista Isnardo Bravo, quien trabaja para los portales de noticias VPI Tv y Caraota Digital, fue detenido por funcionarios del  en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en el estado Vargas, cuando se disponía a viajar fuera del país con su hija de 11 años de edad.

Se conoció que la hija de Bravo fue entregada a su madre, quien aún se encontraba en el lugar para el momento de la detención. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó a través de su cuenta de Twitter (@sntpvenezuela) que funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) retuvieron el pasaporte del periodista y le dijeron que tenía una orden de prohibición de salida del país.

Luego de haber estado aislado e incomunicado por cinco horas en una oficina del Saime en el aeropuerto de Maiquetía, Bravo fue trasladado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a la sede del organismo policial ubicada en Boleíta, Caracas, según señaló el Sntp.

En conversación con IPYS Venezuela, la reportera del canal de noticias Venezolanos Por la Información (VPI Tv), Ana Rodríguez, confirmó que el periodista fue liberado a las 3:00 de la tarde luego de permanecer detenido por más de ocho horas. Durante todo ese tiempo Isnardo Bravo no pudo establecer ningún tipo de comunicación con su familia ni con su abogada, Theresly Malavé, quien además no pudo estar presente en el interrogatorio que se le realizó al periodista en la sede de instancia de contrainteligencia militar.

Rodríguez pudo corroborar que tras su liberación Bravo ya no tiene la prohibición de salida del país y tampoco ninguna citación adicional. Al periodista también le fueron devueltas todas sus pertenencias, incluido su pasaporte y el de su hija. Con el hecho contra Isnardo Bravo suman 24 las detenciones arbitrarias que Ipys Venezuela ha registrado desde enero de 2018 por esta organización.

“Él se acercó a los periodistas que lo esperábamos en las afueras del Dgcim y nos aseguró que en ningún momento hubo trato abusivo por parte de los funcionarios policiales. Además nos dijo que se trató de una alerta silenciosa que tenía desde el mes de febrero de este año”, relató Rodríguez.

La reportera explicó que Bravo fue interrogado por una investigación abierta sobre el piloto Oscar Pérez, y que debió firmar una caución para no emitir declaraciones sobre el caso ni a través de medios de comunicación ni en las redes sociales.

Estos hechos vulneran la libertad de expresión y el derecho a la libre circulación de los periodistas venezolanos y extranjeros, según los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Marino Alvarado, abogado y activista de DDHH, señaló que en los casos de detenciones arbitrarias las actuaciones de los cuerpos policiales, que además calificó de inhumanas, obedecen a una política de hostigamiento hacia todo aquel que manifieste públicamente su postura crítica hacia el Gobierno.

“Todo es parte de una estrategia de terror que busca generar incertidumbre”, dijo Alvarado en conversación con IPYS Venezuela. El abogado agregó que en los casos de detenciones arbitrarias, las actuaciones de los cuerpos policiales

Este es el segundo periodista a quien se le confisca su pasaporte en el aeropuerto a lo largo de septiembre de 2018. A principios de mes le ocurrió a Nelson Bocaranda, a quien hasta ahora no le han devuelto su documento de identidad a pesar de que poco antes obtuvo una prórroga del mismo hasta el año 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los Estados deben “instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto al trabajo de las y los periodistas y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra quienes trabajan en medios de comunicación, incluida la capacitación de funcionarios públicos, en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, y la adopción de guías de conducta o directrices sobre el respeto de la libertad de expresión”.

Las obstrucciones a la identidad personal y la prohibición de salida del país, por la vía de los hechos, contra Isnardo Bravo y Nelson Bocaranda se suman a las medidas que restringen la libertad de tránsito que han sido impuestas de manera discrecional por las autoridades de extranjería contra otros dos periodistas, así como las medidas tomadas bajo acciones judiciales tomadas por tribunales contra 27 periodistas, editores y dueños de medios, vinculadas a las demandas por difamación e injuria ejercidas, en varios procesos, contra Tal Cual, El Nacional y La Patilla, así como contra el Correo del Caroní, y también Armando.info.

Fuente: IPYS Venezuela