Ejecuciones extrajudiciales agravan la criminalidad en Lara

Ejecuciones extrajudiciales agravan la criminalidad en Lara

Una razzia avanza sin control y se mete en las casas en Barquisimeto. Según el Observatorio Venezolano de Violencia Lara, 38 personas fueron asesinadas por agentes de cuerpos policiales en la capital del estado, con la figura de resistencia a la autoridad o enfrentamientos, en los primeros 5 meses de 2018. Se calcula que la cifra, que aparece en el más reciente monitoreo en la entidad federal, superará muy probablemente a la registrada en 2017, cuando se reportaron 91 muertes violentas o ejecuciones extrajudiciales, es decir, 30% más que en 2016.

La mayoría ocurren de la misma forma: los funcionarios policiales entran a las casas de los hombres, por la fuerza y sin orden judicial, sacan con violencia de la vivienda a cualquier acompañante, y los matan, muchas veces sin que puedan reaccionar, según las versiones de familiares y otros informantes.

“Se evidencia que existe una abierta violación de derechos humanos porque estas personas, jóvenes en gran parte, tienen derecho de ser sometidas a proceso penal, aunque hayan incurrido en algún delito”, expresa el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador de la ONG y director de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lara.

El estudio indica que 15,2% de los sucesos en la ciudad corresponden a violencia policial. De los hechos criminales reportados, 46% son atribuidos al Cicpc, 27% a la PNB y 19% a las policías regionales.

Sin embargo, los grupos de OLP fueron señalados por allegados de las víctimas como los más cruentos en 2016. El coordinador de la OVV cita el caso de la comunidad de Las Sábilas, donde hubo reportes de niños que preguntaban en sus escuelas por qué los uniformados, policías y militares que componían ese cuerpo, llegaban a sus casas y por la fuerza se llevaban los televisores o les pegaban a las madres.

El monitoreo también recoge otros aspectos preocupantes, señala Meléndez. Los agentes de los cuerpos policiales, luego de aprehender al sospechoso en flagrancia y antes de iniciar cualquier trámite legal –ponerlo a la orden de la Fiscalía, por ejemplo– se comunican con familiares de los apresados y les exigen dinero. Las familias pobres a las que pertenece el delincuente, con más frecuencia, son las principales víctimas de la extorsión policial.

Eso ocurre en 70% de las detenciones en el municipio Iribarren (Barquisimeto), que ocupa el sexto lugar en la lista de centros de gobierno local más violentos, afirma el investigador. La medición la encabeza el municipio Libertador (D.C) y le siguen Maracaibo (Zulia), municipio Sucre (Miranda), Caroní (Ciudad Guayana-Bolívar) y Valencia (Carabobo).

Buena parte de esos casos de extorsión o incluso de asesinato no concluyen de acuerdo con la ley. “Además de que los funcionarios incurren en homicidio y en extorsión, no los detienen los cuerpos policiales a los que pertenecen. Cuando un familiar no cede a la exigencia de dinero y denuncia a los policías, son otros organismos de seguridad los que intervienen. Eso evidencia que hay falta de política disciplinaria, de control interno para detectar esos delitos y sancionar a tiempo”, explica Meléndez.

Esa situación profundiza la desconfianza de los larenses hacia sus policías, a quienes ya no ven como garantes de su seguridad personal, de acuerdo con estudios en los últimos dos años. “La percepción del barquisimetano principalmente es de miedo. La continuidad de las denuncias de policías señalados de falsos enfrentamientos es muy poca, y existe tanta desconfianza que la gente desiste de la denuncia y solo una mínima parte –no tiene cifras aún– de los casos llega al tribunal”.

Fuente: OVV