Durante el primer semestre del año, 85 personas fueron secuestradas por el Estado - Memorias por la vida
8270
post-template-default,single,single-post,postid-8270,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Durante el primer semestre del año, 85 personas fueron secuestradas por el Estado

Durante el primer semestre del año, 85 personas fueron secuestradas por el Estado

  • Provea registró 135 casos de personas secuestradas por el Estado durante el gobierno de Maduro
  • 38% de ellas estuvieron desaparecidas temporalmente, 26% tenían boletas de excarcelación sin cumplir y 59% nunca fueron imputadas, pero seguían presas
  • El promedio de tiempo en el que estas personas se mantuvieron en condición de desaparecidas fue de 11 días
  • 85 personas que fueron detenidas no fueron procesadas por tribunales o tenían boletas de excarcelación. Fueron liberadas 15 de ellas en junio de 2018

Estar detenido sin haber sido acusado de algún delito, una orden de un juez o pese a la boleta de excarcelación de un tribunal se ha convertido en un patrón de actuación del sistema de administración de justicia en Venezuela. Provea pudo constatar que por lo menos 85 personas aprehendidas por razones políticas estuvieron en estas condiciones durante el primer semestre de 2018. De esta cifra 57 de ellas son colombianos a quienes el presidente Nicolás Maduro señaló de ser paramilitares. En junio de 2018, 15 de los detenidos fueron excarcelados.

Estas personas permanecen secuestradas por el Estado, debido a que no fueron imputados o porque un tribunal aprobó su excarcelación y funcionarios del centro de reclusión se negaron a liberarlos. Este dato forma parte de un registro levantado por Provea en el que se contabilizaron, desde el año 2013, por lo menos 135 casos de aprehensiones que pueden entrar en la categoría de “Terrorismo de Estado”: La utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos.

Hay una tercera categoría considerada: la desaparición forzada. Al menos 51 de los presos políticos durante 2018 estuvieron desaparecidas por sus aprehensores. De acuerdo con el levantamiento de data realizado por Provea, el promedio de tiempo en el que estas personas se mantuvieron en condición de desaparecidas fue de 11 días. Sin embargo, Juan Caguaripano, militar alzado que atacó el Fuerte Paramacay, estuvo 40 días sin ser presentado ante un tribunal.

La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos y del debido proceso, así como del artículo 45 de la Constitución, que prohíbe a toda autoridad pública (civil o militar) practicar, permitir o tolerar estas prácticas. Según Amnistía Internacional se entiende por desaparición forzada cuando agentes estatales detienen a ciudadanos y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. La desaparición forzada es un delito de derecho internacional.

En la lista se encuentran no solo presos por motivos políticos, sino también aquellas personas que por delitos comunes se encuentran detenidos pese a la orden de liberación firmada por un juez. Tal es el caso de Javier Elías Briceño Scott y Antonio José González Martínez, procesados por casos de corrupción y cuyas boletas de excarcelación fueron emitidas en 2o16 y 2017, respectivamente.

La sistematización de datos permite ver que hay 53 casos en manos de un tribunal militar, de las cuales 27 son miembros pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El resto son civiles procesados por delitos militares.

En el caso contrario, hay 72 personas procesadas por tribunales civiles, de las cuales solo uno es miembro de la Fanb. Se trata del vicealmirante Antonio José González Martínez.

En 2017 el uso de las instancias militares para imputar comenzó a ser una constante. Así queda evidenciado en el registro de Provea y específicamente se observa el uso de tres tribunales en Caracas para privar de libertad. Se trata de los tribunales 1°, 2° y 3° de Control Militar del Área Metropolitana.

  • Tribunal 1° de Control Militar del AMC: 5 civiles, año 2016.
  • Tribunal 2° de Control Militar del AMC: 4 civiles y 16 militares, año 2018.
  • Tribunal 3° de Control Militar del AMC: 10 civiles y 9 militares, año 2018.

En 2018 aparecen los funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) como órgano aprehensor. 46 de las personas detenidas en este lapso de tiempo fueron llevadas por hombres inscritos en este cuerpo de seguridad del Estado que está supeditado a la Vicepresidencia de la República.

Otros datos

  • Hay 28 militares procesados y todos ellos estuvieron desaparecidos por al menos cinco días.
  • Fueron procesados 107 civiles, 82 de ellos estuvieron en condición de secuestrados por el Estado. Con el proceso de “reconciliación nacional” fueron excarcelados 15 de ellos.
  • De los 107 civiles procesados, 25 estuvieron desaparecidos por sus aprehensores.
  • De las 26 personas que tenían una boleta de excarcelación, solo excarcelaron a 14 con el proceso de “reconciliación nacional”

Fuente: derechos