Mandos policiales deben ser investigados y sancionados por su responsabilidad en asesinato del manifestante Christian Humberto Ochoa - Memorias por la vida
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Mandos policiales deben ser investigados y sancionados por su responsabilidad en asesinato del manifestante Christian Humberto Ochoa

Mandos policiales deben ser investigados y sancionados por su responsabilidad en asesinato del manifestante Christian Humberto Ochoa

El Ministerio Público informó este lunes a través de su portal web, que los ex funcionarios de la Policía del estado Carabobo, Gerson Alberto Quintero, Jhonny Azócar Gómez y Miguel Pacheco Palencia, serán enjuiciados por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven de 22 años Christian Humberto Ochoa Soriano, quien perdió la vida durante una manifestación realizada den la ciudad de Valencia el 24 de abril de 2017, en el marco de la rebelión popular.

Ochoa Soriano cursaba estudios de electricidad. El 24 de abril de 2017, se encontraba en el callejón Rómulo Gallegos del barrio Francisco de Miranda, en Valencia, estado Carabobo, durante una protesta que se realizaba en las adyacencias del lugar, cuando recibió heridas por armas de fuego por parte de los funcionarios de la Policía del estado Carabobo. Tal acción lo dejó en estado de gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital Central de Valencia, donde murió a causa de un disparo de proyectil múltiple en región umbilical superior derecha.

El Ministerio Público informó que las fiscalías nacionales 34º y 62ª, y la 35ª del estado Carabobo acusaron a Quintero y Azócar como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil; y a Pacheco Palencia por ser cómplice no necesario en ese tipo penal. Adicionalmente, Quintero y Azócar fueron acusados por uso indebido de arma orgánica y se encuentram actualmente recluidos en las sedes de las estaciones policiales San Blas y Valencia Sur, respectivamente.

Mandos policiales y militares deben ser investigados

En opinión de Provea la mayoría de las muertes ocurridas en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los meses de abril-julio de 2017, fueron consecuencia del recurrente patrón de uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones, insistir en la territorialización de los conflictos mediante la proliferación de zonas de exclusión y obstáculos indebidos a la manifestación pacífica y el reforzamiento de la lógica del enemigo interno mediante la estigmatización y criminalización de manifestantes pacíficos y activistas sociales y políticos.

Desde abril de 2013 hasta el presente ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. La respuesta del Estado venezolano a la conflictividad social es una demostración constante de autoritarismo, que se vio atizada por la inconstitucional declaratoria de Estado de Excepción en mayo de 2016; la ruptura del orden constitucional mediante la suspensión del derecho al sufragio, la proscripción del derecho a la manifestación y reunión pacíficas y el arrebato a la institucionalidad democrática ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, consumado ahora por la fraudulenta instalación de la asamblea nacional constituyente. No se han desarrollado políticas integrales orientadas a formar a los funcionarios para que estos actúen de acuerdo a los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza y por el contrarío se han revertido avances en la materia mediante el aliento brindado a la represión y la permanente criminalización y descalificación de quienes ejercen su derecho a la manifestación pacífica.

Insistimos en que no sólo los autores materiales de abusos contra los derechos humanos deben ser investigados y sancionados, los mandos policiales y militares involucrados en estos abusos deben ser destituidos y puestos a la orden de una investigación oportuna y transparente conducida por el Ministerio Público. La impunidad no puede seguir siendo el principal cómplice de los atropellos contra los derechos de los venezolanos.

Fuente: Derechos