Ex gobernador de Sucre denunció ejecución de tres personas durante protestas en mercado municipal de Cumaná - Memorias por la vida
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Ex gobernador de Sucre denunció ejecución de tres personas durante protestas en mercado municipal de Cumaná

Ex gobernador de Sucre denunció ejecución de tres personas durante protestas en mercado municipal de Cumaná

Ramón Martínez, gobernador del estado Sucre entre los años 1992-1995; 1995-1998; 2000-2004 y 2004-2008, denunció este viernes mediante un audio divulgado en sus redes sociales, la presunta ejecución extrajudicial de tres personas en el sector El Realengo, en la ciudad de Cumaná, a manos de efectivos de la Policía Municipal de esa ciudad, en el marco de un operativo policial y militar contra la economía informal que produjo la protesta de los trabajadores y residentes del sector.

El ex gobernador afirmó que la presencia policial en la zona se debía a la realización de un operativo para enfrentar la economía informal asociada a la venta de alimentos. “La policía estaba timando a las personas que venden cosas. Estaban cobrando vacunas a los vendedores y uno de ellos se molestó con un policía y se cayó a golpes. El policía lo sometió y después lo sentó en un caldero caliente”. Indicó que los funcionarios policiales, apoyados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Estadal, atropellaron a cientos de personas, lo que generó la protesta de los vendedores y pobladores que fue reprimida por los policías y militares y que posteriormente desembocó en lo que califica como una “masacre” en el barrio El Realengo.

Los fallecidos fueron identificados como Javier López (16), Andy Jiménez (48) y Julián Ramos. “Estas tres personas fueron acribilladas… A Carlos Javier López se lo quitaron a su mama de las manos y ahí frente a ella lo ejecutaron en el barrio El Realengo en una casa, ahí no hubo enfrentamiento de ningún tipo”, dijo, desmintiendo la versión oficial que indica que las muertes se habrían producido luego de un enfrentamiento entre miembros de agrupaciones delictivas y agentes de seguridad.

Provea exige a las autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, una investigación imparcial y oportuna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

Fuente: Derechos